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La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE CV) ha reclamado este jueves al Consell que cumpla con las mejoras organizativas y retributivas a las ... que se comprometió el PP durante la campaña electoral, pues dos años después siguen pendientes. Se trata tanto de cuestiones retributivas como organizativas. Por ejemplo, su escala funcionarial es inferior a la de otros inspectores y cuerpos de la administración y similar a la de otros colectivos docentes como los catedráticos de Secundaria, pese a que los supervisan. Además, los profesionales sufren una sobrecarga de trabajo. El promedio de centros por inspector supera la treintena, y cada vez son más los programas y las atribuciones.
«Los inspectores de educación ven en los presupuestos autonómicos que se están negociando la ocasión para que el presidente Carlos Mazón cumpla con los compromisos adquiridos cuando todavía era candidato», explica USIE CV en un comunicado, en referencia a la reunión que mantuvieron diferentes representantes de la organización, entre ellos el actual presidente, Raúl Ramírez, tanto con Mazón como con la portavoz de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó.
«El sindicato espera el cumplimiento del compromiso adquirido mediante una serie de mejoras de organización, funcionamiento y especialmente retributivas de la inspección educativa, y que se equipare este cuerpo con el resto de inspecciones sectoriales de la Generalitat», prosigue el documento.
Cabe recordar que el programa electoral del PPCV recogía expresamente la voluntad de mejorar «las condiciones laborales en relación con los espacios de trabajo, indemnizaciones, seguros o complementos».
Desde USIE CV, que es la organización profesional mayoritaria en la Comunitat, también se apunta a que muchas de estas mejoras ya se han aplicado en otras autonomías como Madrid, Baleares o Andalucía, «donde se han aprobado complementos para aumentar la remuneración o la categoría profesional de los inspectores».
«La inspección educativa trabaja al servicio de la administración y de la mejora del sistema educativo, al margen de partidos políticos o ideologías. Su labor es esencial para garantizar la calidad y equidad», se añade, antes de concluir que un servicio «eficiente no sólo contribuye a la mejora del funcionamiento de los centros, sino que también protege el derecho de los alumnos a una educación de calidad, asesora al profesorado en la mejora de sus prácticas y vela por el cumplimiento de la normativa educativa para evitar desigualdades en el sistema».
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