Los institutos tendrán libertad para organizar las asignaturas de 1º de la ESO tras el varapalo judicial

La obligación fue recurrida este mismo mes ante la justicia, consiguiéndose la paralización a las puertas del inicio del curso tras estimarse una petición del sindicato UGT. Ahora desde el departamento autonómico se ha puesto en marcha una ronda de reuniones con la comunidad educativa para elaborar unas instrucciones que clarifiquen cómo proceder, pues toda la organización curricular se dejó encarrilada a finales de julio.

La suspensión cautelar de la obligación implica que cada centro tendrá libertad para decidir cómo se organiza. Los que quieran seguir con los ámbitos en 1º lo harán, y los que no, podrán volver a la configuración tradicional en la que cada profesor asume su materia. Esta es una de las principales críticas del sindicato, en el sentido de que había docentes que debían asumir contenidos de áreas con las que no estaban familiarizados.

A modo de ejemplo, se pueden fusionar Matemáticas, Biología y Tecnología en el ámbito científico-tecnológico, o Castellano, Valenciano y Geografía e Historia en el sociolingüístico. No se requiere hacerlo con todas las materias de 1º, pero sí con varias. Incluso con asignaturas que teóricamente tienen poco en común.

Tras estudiar las alegaciones de la Abogacía de la Generalitat, la sección cuarta de la sala de lo contencioso ha optado por mantener la cautelar que decretó la pasada semana. Exactamente se deja en 'stand by' el artículo 11.3 del decreto que regula la organización de la ESO (el que fija como obligatoria la organización por ámbitos en 1º).

Como ha avanzado Europa Press, el auto destaca que no influye el hecho de que se hayan aplicado los ámbitos en los cursos anteriores, como alegó la conselleria, «pues lo que se suspende es la aplicación de manera obligatoria e imperativa». «Lo dicho determina que si un centro educativo considera aplicable la agrupación, nada impide que así se realice», se añade.

El TSJCV no discute la idoneidad de la agrupación «para facilitar la transición» entre etapas, sino que se tienen en cuenta los criterios que deben valorarse a la hora de decidir sobre una medida cautelar, como es el riesgo de que se pierda la efectividad del recurso en caso de ser estimado. Es decir, que se dé la razón al sindicato pero que mientras llega la sentencia se haya mantenido vigente la obligatoriedad.

También considera que la reorganización de los centros y el proceso de adjudicación de plazas docentes (la mayoría de las vacantes se cubren a finales de julio) no son motivos suficientes para el levantamiento de la cautelar. «A ello hay que añadir -precisa la sala- que de aplicarse el mencionado precepto sí podrían verse afectados los intereses legítimos invocados por el sindicato recurrente, en relación con la impartición de clases de ciertas materias por parte de profesorado no especializado en las mismas, o las cuestiones de índole laboral que se mencionan», se añade.

Educación va a presentar un recurso para intentar, de nuevo, el levantamiento de la cautelar. Tiene un plazo de 30 días. Desde el departamento señalan que acatan la decisión aunque no la comparten al considerar que es la mejor organización para facilitar el aterrizaje del alumnado en la ESO. Las mismas fuentes insisten en que la decisión no impide aplicar los ámbitos de forma voluntaria y explican que este martes se inicia una ronda de reuniones con sindicatos, patronales, representantes de Ampas y de directores «con el objetivo de que el próximo 1 de septiembre el profesorado se incorpore a su puesto con instrucciones claras para que las clases empiecen con normalidad el día 12». De estas se derivará el procedimiento para determinar la organización, ya sea una decisión del equipo directivo, de la comisión de coordinación pedagógica o provenga del claustro docente.

Por su parte, el área de Enseñanza de UGT PV ha celebrado que se restablezca «el derecho del alumnado a recibir una educación de calidad, el del profesorado a impartir las materias de las que es especialista y para las que está debidamente cualificado y el de los centros educativos a su autonomía organizativa y pedagógica».

También advierte de que se mantendrá vigilante «para garantizar una correcta aplicación y ejecución del auto» y que pedirá a Educación «la negociación de la forma y las garantías necesarias para que se respete la decisión y la libertad del profesorado, los centros y sus comunidades educativas». También reclamará los recursos de personal necesarios para que se pueda recuperar el esquema de un profesor por materia.