Varias consellerias se rebelan ante la orden de Bravo y no volverán al trabajo presencial

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó ayer la orden que obliga a todos los empleados y empleadas públicas de la Generalitat a reincoporarse a su puesto de trabajo de manera presencial a partir de mañana. Según el documento redactado por la Conselleria de Justicia, e incluido dentro del decreto del presidente en el que se detalla toda la casuística de la nueva normalidad, desde mañana lunes queda sin efecto el plan de desescadala por el que hasta ahora se regían los doce departamentos de la Generalitat. Una circunstancia que según reconocen desde subsecretarias de los tres signos políticos «genera inseguridad jurídica» porque deja sin efecto la resolución sobre la que están hechos todos los planes de contingencia que debían marcar la incorporación gradual al trabajo presencial.

Así, las distintas consellerias se afanaban ayer en tratar de adaptar la norma a su situación individual, porque los casos son tantos como oficinas. La insumisión en algunas áreas llega hasta el punto de que se están remitiendo circulares al personal de determinadas consellerias para advertirles de que mañana no se puede producir la reincorporación al 100% porque las medidas de seguridad que garantizan una vuelta a la presencialidad no se pueden cumplir.

En las distintas resoluciones que han aprobado varios subsecretarios se pide a los empleados públicos que «dada la premura» con que se ha decretado la vuelta del 100% de la plantilla y a los efectos de la correcta y completa aplicación de los objetivos prioritarios sanitarios, de salud y seguridad en el trabajo, se hará a lo largo de esta semana una evaluación del espacio y condiciones para cumplir estricta y adecuadamente con el contenido del acuerdo. Pero, en tanto no se hayan adaptado las condiciones de los puestos trabajo a lo establecido en el citado acuerdo del Consell, la incorporación del personal que no este ya incorporado se efectuará a requerimiento del responsable del centro priorizándose la presencia del personal en el centro de trabajo que no pueda realizar trabajo ordinario en su domicilio con los medios puestos a disposición por la Generalitat«. Es decir, posponen la incorporación del 100% de sus plantillas hasta que los comités de seguridad se reúnan y apliquen todas las medidas de seguridad para poder cumplir con el acuerdo del Consell, en lo que a seguridad y salud se refiere. Otras consellerias no lo han dejado por escrito, pero reconocen en privado que tampoco podrán aplicar el acuerdo desde mañana.

Por su parte, el portavoz de Interior del grupo parlamentario popular, José Antonio Rovira, denunció ayer que esta medida «debería haber sido negociada previamente en el seno de la Mesa Sectorial de Función Pública y contar con los correspondientes informes del INVASSAT». Rovira ahondó en las contradicciones de la decisión ya que «mientras el Ministerio de Sanidad está recomendando el teletrabajo como la opción más recomendable para evitar nuevos rebrotes».

Desde CSIF creen que el acuerdo pudiera ser constitutivo de una infracción penal porque vulnera el derecho de los trabajadores a la salud en su actividad laboral.