Interior adjudica las obras del complejo policial de Zapadores con un presupuesto de 23,5 millones

Un nuevo desprendimiento de un techo en el complejo de Zapadores ha puesto otra vez el foco en la necesidad de reformar las instalaciones de la Policía Nacional de Valencia, una reivindicación histórica tras las promesas incumplidas de varios gobiernos durante los últimos 20 años. El comienzo de las obras, con un presupuesto de 23,5 millones de euros, está previsto para abril o mayo de 2023 tras ser adjudicadas a las empresas Dragados y Fulton, y ya han comenzado a retirar algunos vehículos que no se utilizan y llevaban mucho tiempo estacionados en el recinto policial.

Con una superficie de más de 34.000 metros cuadrados, el complejo de Zapadores no reúne las condiciones dignas y apropiadas para el trabajo de una Policía del siglo XXI. Los riesgos de derrumbe, las goteras, la mala climatización y las soluciones provisionales a los problemas de funcionalidad son algunas de las dificultades a las que se enfrentan los agentes desde hace muchos años.

Las obras afectarán casi a la mitad del complejo policial, que fue construido durante la dictadura de Primo de Ribera. Desde 1987 alberga diferentes instalaciones de la Policía tras una adaptación improvisada de un cuartel que fue destinado en 1921 al alojamiento de oficiales y tropa. El complejo de Zapadores está rodeado por una trama urbana de carácter caótico debido al crecimiento desordenado y rápido de la época.

El pasillo donde se registró el último desprendimiento se encuentra junto a una escalera que había sido tapiada por los problemas estructurales del edificio. Aunque no hubo que lamentar daños personales, algunos agentes dejaban en ese pasillo sus bicicletas y patinetes eléctricos, por lo que precintaron la entrada de estas dependencias para prevenir posibles accidentes.

La enésima promesa

En mayo de 2021, después de más de dos décadas de anuncios, promesas de inversión, reformas parciales e indignación por parte de los sindicatos policiales debido al ruinoso estado de Zapadores, el Gobierno de España y la Generalitat volvieron a escenificar en Valencia la enésima promesa sobre el proyecto y sus loables propósitos: reconvertir el viejo y deficiente edificio en una sede moderna para el futuro que mejore el trabajo de los agentes y el servicio a los ciudadanos.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, expuso los detalles de una inversión de 30 millones de euros, cifra que convierte el proyecto en "el esfuerzo en infraestructuras policiales más importante de España". Tras obtener al fin el visado del Colegio de Arquitectos y la posterior licitación de la obra, las máquinas y operarios entrarán en Zapadores entre el primero y el segundo trimestre del año próximo si no hay más retrasos.

Los sindicatos Justicia Policial (Jupol) y Unión Federal de Policía (UFP) urgen el comienzo de las obras en los plazos previstos. "Tenemos siempre la promesa de que las obras del complejo de Zapadores comenzarán en breve, pero por unas cosas o por otras la rehabilitación se retrasa y no llega el día que tanto esperamos", afirma Sebastián Gómez, secretario regional de Jupol.

"Nos dijeron que empezarán en la primavera del 2023, pero volvemos a tener desplomes de techos. Parece que tenemos que sufrir algún daño personal para que comiencen una vez por todas las obras", señala Luis Castillejo, secretario regional de UFP en la Comunitat Valenciana.

El complejo de Zapadores agrupa a un buen número de unidades policiales como la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los conocidos como policías antidisturbios–, la Unidad de Caballería, la Inspección Central de Guardia (ICG) –donde identifican a los detenidos y les toman las huellas–, la Unidad de Guías Caninos y el equipo de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, entre otras.

Además, el vetusto recinto alberga algunos servicios de la Policía Judicial, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las comisarías de Ruzafa y Marítimo, esta última tras el desalojo forzoso de las instalaciones de la calle Chulilla por el riesgo de derrumbe.

Nueva sede de la comisaría del Marítimo

Los agentes de la comisaría de la Policía Nacional del distrito de los Poblados Marítimos se trasladarán a la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, concretamente al número 58 de la calle Ernesto Anastasio, tras el acuerdo alcanzado entre los dos ministerios implicados.

«Desde Jupol nos alegramos de esta decisión», manifestó Sebastián Gómez, secretario regional de Jupol. «Veníamos luchando por este cambio hasta el punto que nos vimos obligados a denunciar ante la Inspección de Trabajo las pésimas condiciones de la comisaría, que actualmente está precintada», añadió Gómez.

La posibilidad de que se produjera un derrumbe en las dependencias policiales de la calle Chulilla obligó a que los policías abandonaran la comisaría y fueran reubicados en el complejo de Zapadores. El inmueble situado en la calle Ernesto Anastasio tiene más de 1.000 metros cuadrados y era la sede, hasta septiembre de este año de la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) de la Seguridad Social.

Según la Delegación del Gobierno, el traslado de la comisaría es la respuesta a la petición realizada por la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, que solicitó una nueva ubicación después de que el edificio donde se encontraba la comisaría del Marítimo sufriera «una pérdida funcional por claudicación de la estructura del inmueble». La Policía ocupará de forma temporal parte de antigua sede de la Seguridad Social hasta la formalización del acuerdo de cesión de uso.

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