En pleno auge de la alerta antiterrorista en España, en un nivel de 4 sobre cinco (antes del atentado del 11-M había tres niveles, que se ampliaron a dos más), pero con «medidas adicionales», como añadió el Ministerio del Interior la semana pasada, la ... presencia de Fuerzas de Seguridad en calles, estaciones, eventos sociales y deportivos de grandes concentraciones de público (el partido Valencia Basket-Maccabi, la Media Maratón...) de la Comunitat es el más alto de los últimos años. Basta un paseo por la calle para toparse con policías patrullando entre las multitudes. O raro es el día que al volante no se topa uno con algún control rutinario de los que lleva a cabo la Unidad de Intervención Policial.
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Todo ello con el trasfondo de la crisis de Gaza y la extensión de las medidas preventivas contra el terrorismo yihadista en toda Europa. Esa es la labor visible. La más callada es la constante presencia de agentes de paisano, muchos integrantes de los grupos de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que vigilan muy de cerca actos como manifestaciones, concentraciones lúdicas, citas deportivas y parques. En busca de miembros de tribus urbanas y de posibles jovenes radicalizados. Y luego está la labor ultrasecreta de los agentes antiterroristas, miembros de élite de las brigadas que llevan a cabo investigaciones.
Según fuentes de Interior, la Comunitat es escenario de unas 80 investigaciones ahora mismo con trasfondo yihadista, tal y como consta en los expedientes abiertos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). En toda España esta cifra se acerca al millar de diligencias en curso por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil.
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Tres son los frentes que cubren estas investigaciones de las Fuerzas de Seguridad en la Comunitat. Primero, el arresto de individuos radicalizados, que puedan inclinarse por cometer un atentado (aunque sea como lobos solitarios, con un cuchillo en mano o al volante de un vehículo) o bien ya dentro del círculo de la Yihad y que busquen hacer propaganda de los lemas terroristas o captar a otros 'muyahidines'. El último caso se vivió en agosto en la Pobla de Vallbona, donde era detenido Hugo C. M., un joven de 18 años que captaba a menores para secundar las intenciones asesinas de la Yihad.
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La vigilancia de retornados de países en conflicto o paraísos yihadistas (Afganistan, Irak, Libia, Somalia...) es otro de los focos que tiene siempre encendido Interior. Casi 300 están vigilados por Exteriores en territorio no español. De toda España, aquí con «poca o ninguna presencia de vínculos valencianos», como puntualizan, sin demasiado detalle, las fuentes de Interior.
Y luego está la vigilancia de las cárceles. La monitorización de yihadistas en prisión por si extienden su influjo malévolo sobre otros internos. El caso del joven de la Pobla de Vallbona, en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional, es uno de esos casos. La 'Operación Escribano', desplegada en 2018 por la Guardia Civil, fue buena prueba de ello. La investigación permitió desmanteló una telaña yihadista que trataba de arrastrar a presos hacia el yihadismo. La organización actuaba en las cárceles de Picassent y Villena y otra quincena de centros penitenciarios. Hubo 25 detenidos, entre ellos Jamal Zougam, preso como uno de los artífices del ínfame 11-M.
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Los informes del Citco descartan que la guerra en Palestina vaya a provocar un cambio en la estrategia del yihadismo en España. Nada de grandes células. El temor sigue siendo atentados de 'oporturnidad': machetes o vehículos a motor. Así que toda vigilancia nunca es mucha.
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