La Interpol detiene en Venezuela al cabecilla de la estafa piramidal gestada en dos colegios de elite

El principal sospechoso huyó de la Justicia cuando la juez reclamó la entrega de su pasaporte. Nunca acudió. Recientemente presentó en el juzgado un escrito en el que anunciaba que iba a comenzar a devolver «pequeñas cantidades» tras el fin de los supuestos problemas burocráticos que le impedían mover el dinero de sus cuentas. Una excusa, por otra parte, que siempre ha esgrimido para explicar el retraso en los pagos.

Meses después de aquella fuga, la Interpol lo ha localizado y detenido. Ahora aguarda en el país suramericano su extradición a España, trámite que se materializará en los próximos días. Se trata de una noticia esperanzadora para las víctimas que tratan de recuperar sus importantes inversiones.

La Interpol ha comunicado al juzgado que la extradición se debe completar a través del envío de la denuncia por la vía diplomática en el plazo establecido en los tratados bilaterales con España. A continuación, nada más sea trasladado, se iba a celebrar una vista en el que la juez escucharía los argumentos de la Fiscalía y la acusación particular, que dirige el despacho de Gómez Tejedor, para mantener esta privación de libertad o bien establecer otro tipo de medidas cautelares.

No obstante, como no era posible celebrar esa comparecencia en el marco temporal previsto ni siquiera por medios telemáticos -la juez desconoce el lugar exacto en el que se encuentra detenido- se ha resuelto en base al escrito presentado por la Fiscalía. La juez ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los agentes seguían de cerca los pasos del fugado. Disponían, incluso, de algunas direcciones donde pudiera refugiarse el inversor, propietario de la empresa Expa, con oficina en una céntrica calle de Valencia. Existe también una orden de detención sobre la pareja de Laureano. Pero, de momento, esta no se ha materializado. El matrimonio tiene dos hijos menores de edad, según las informaciones que maneja LAS PROVINCIAS.

Esta pareja se introdujo en un poderoso círculo económico y social gracias al colegio al que llevaban a sus hijos. De ahí son algunas víctimas de la estafa. Incluso convencieron a otros padres del centro para que dejaran sus ocupaciones y se sumaran al modelo de 'éxito' de la empresa que canalizaba inversiones. En paralelo, un socio de esta pareja, reprodujo idéntico método para captar inversores también en otro colegio de cierto prestigio de la provincia de Valencia.

Uno de los objetivos de la investigación consiste en recuperar la mayor parte del dinero sustraído. La juez ha autorizado el rastreo de una cuenta en Lituania vinculada a la mercantil desde donde se hicieron transferencias a algunos inversores. También ha dado autorización a la Oficina de Recuperación de Activos (ORGA), un organismo creado hace casi una década en plena eclosión de casos de corrupción, para la búsqueda de bienes vinculados a la presunta red delictiva.

La mercantil bajo sospecha ofrecía unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta de mercado. Formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Todo era una estratagema.

No todas las víctimas han encontrado idéntico respaldo de la Justicia. Mientras una veintena de perjudicados comprueban cómo la investigación de su caso avanza de manera satisfactoria, otro grupo de afectados mantienen la esperanza de que Instrucción 17 decida reabrir las pesquisas a las que dio carpetazo tras una instrucción exprés. Este grupo de valencianos, que reclamaban cerca de otro millón de euros, solicitó hace unas semanas que se retomen las diligencias tras las averiguaciones que había completado el otro juzgado.