Interrumpir una batida de caza autorizada será infracción administrativa grave

Además, ha resaltado la relevancia del cazador «como colaborador externo -y también como aliado- de la Generalitat en la gestión de las montañas y en el control de la sobrepoblación de algunas especies». Por otra parte, se está trabajando en un plan de acción contra esta sobrepoblación que incluirá, al margen de un decreto sobre ungulados, el análisis sobre la triquinosis, la homologación de las jaulas trampa, un protocolo del 112 para la gestión de incidentes con fauna cinegética y la creación de una red para el seguimiento mediante el fototrampeo.

Paralelamente, se ha marcado como objetivos que las ciudades sean 'pet friendly', un plan contra el abandono animal y 900.000 euros en ayudas a protectoras. Como novedad, ha anunciado que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un veterinario municipal y la implantación esta legislatura de «la primera aseguradora veterinaria».

Por otra parte, sobre el cambio climático, el conseller ha garantizado que en la ley se introducirán medidas para «cambiar el diseño del marco fiscal». «Sostenibilidad sí, pero con equilibrio: queremos que la gente y las empresas hagan las cosas bien, no que dejen de hacerlas», ha reiterado, y ha recordado la intención de impulsar un nuevo plan integral de residuos.

Dentro del ámbito territorial, Martínez Mus ha explicado que la ley urbanística que sustituirá a la LOTUP servirá para simplificar procedimientos y agilizar tanto planes urbanísticos y licencias como declaraciones de interés comunitario y actividades terciarias y de ocio en suelo no urbanizable.

Quiere abordar el «problema» de las actividades económicas ya implantadas en este tipo de suelo, «siempre con medidas paisajísticas, medioambientales y colaborativas con la administración», además de revisar los procesos de regularización de viviendas en situación de «alegalidad» y favorecer a municipios en riesgo de despoblación.

Respecto a la costa, en unos días llevará al pleno del Consell su Ley de Protección y Ordenación. Cuando entre en vigor, pedirá al Gobierno la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, de manera que dependan de la Generalitat las autorizaciones y concesiones de actividades en la costa, «una revolución normativa».

Mus ha exigido al Gobierno que acabe con los «injustos deslindes», que retome 61 actuaciones pendientes y que deje así de «castigar a los municipios del litoral valenciano».

Al mismo tiempo, ha anunciado que en las próximas semanas presentará una estrategia para la economía azul y ha reiterado la necesidad de una nueva estrategia territorial y de revisar el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), al considerar que ha generado dudas y conflictos.