La UE investigará la creación masiva de aulas públicas de Infantil

El Parlamento Europeo investigará la utilización de fondos de recuperación para la creación masiva de aulas públicas del primer ciclo de Infantil (de cero a tres años) a raíz de una petición presentada por la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein).

La organización tomó esta decisión al considerar que el proyecto del Gobierno choca con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE para ayudar a los sectores más perjudicados por la pandemia, en el sentido de que dificultará aún más la supervivencia de la red privada, con especial implantación en la Comunitat. No sólo acumula varios años en crisis como consecuencia de la caída de la natalidad, sino que además, en clave valenciana, se enfrenta a la creciente competencia de la oferta de las plazas de dos años en Ceips, cada vez más extendida y en régimen de gratuidad.

Como explica Fenacein el proyecto del Gobierno pasa por crear hasta 2023 65.000 puestos públicos destinados a niños de entre cero y tres años, con la previsión de financiar unos 8.000 en la Comunitat.

La organización, integrada por escuelas infantiles privadas, argumenta que con 120.000 plazas vacantes en todo el país -16.000 en la región- y en un contexto de descenso de natalidad continuado "los planes del Gobierno no responden a una necesidad real", tal y como se sostenía en la queja presentada. Para la presidenta, María José González-Mayo, su desarrollo "puede traducirse en un cierre de centros mayor todavía que el provocado por la pandemia y en la destrucción de empleo fundamentalmente femenino".

Así, las escuelas infantiles resultarían "paradójicamente perjudicadas por el uso y destino que las administraciones públicas den a los desembolsos de dinero comunitario, pensados y diseñados precisamente para todo lo contrario”. Patronal y sindicatos cifran en 10.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector durante la pandemia.

Según Fenacein la admisión a trámite de la queja implica que se inicie una investigación preliminar para determinar si la inversión destinada infringe el reglamento comunitario, "que establece que los fondos europeos deben servir para mitigar el impacto económico y social de la crisis del Covid-19, sobre todo entre las mujeres, y fomentar la creación de empleo de calidad".

También asevera que el plan del Gobierno constituye "la puntilla" para muchas pequeñas empresas, y prepara una protesta en Madrid para visibilizar su rechazo y reclamar "una Educación Infantil donde estemos todos". Llegará el próximo 6 de marzo. La organización considera que los fondos comunitarios deberían servir para financiar el coste de las plazas ya existentes, tanto públicas como privadas.

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