Josefina Bueno: «La universidad debe ser accesible a cualquiera, no un producto de lujo»

-Acaban de convocar las becas de no abandono, para alumnos con pocas asignaturas pendientes y suspendidas con anterioridad. ¿Cuál es su objetivo?

-Es importante clarificarlas. Que un estudiante no termine sus estudios es un fracaso del sistema. Se introdujeron en 2015, en un contexto de tasas elevadas, y detectamos que había casos, no de malos estudiantes, a los que les quedaban unos pocos créditos y que no podían dedicar el 100% de su jornada a los estudios al compatibilizarlos con un trabajo. Y se sumaba el hecho de que no aprobar en la primera o segunda convocatoria implica que el crédito se encarece. Es una inversión para conseguir que se saquen su título.

-El Botánico ha reducido los precios de las matrículas públicas a niveles previos a la subida de 2013. ¿Se contemplan en el horizonte nuevas bajadas?

-Con los gobiernos de Ximo Puig hemos llegado a reducir el coste de una carrera hasta en 413 euros, como sucede con Medicina. Estábamos en la parte de arriba de la tabla y ahora estamos en la baja. Y lo hemos acompañado de una política de becas, hasta ser la comunidad que más ayudas da para estudios universitarios. También hemos aumentado el umbral económico en las de exención de tasas de grado. Actualmente una familia de clase media puede conseguir que sus hijos no tengan que pagar la matrícula universitaria. No sólo es favorecer que ningún estudiante se quede sin ir a la universidad por falta de recursos, también es paliar el sacrificio económico que hacen las familias. Además hay más factores, no sólo económicos. No es lo mismo vivir en una ciudad universitaria que en un municipio sin universidad, con los consiguientes costes. En cuanto a acciones de futuro, nuestro objetivo es seguir ayudando a las familias, conseguir que el acceso a la universidad cueste menos, además de que las personas más vulnerables también puedan hacerlo. Tenemos que conseguir que ir a la universidad no sea un producto de lujo, que sea accesible a cualquiera. Todavía hay alumnos que son los primeros de su familia. Igualdad de oportunidades no sólo por criterios económicos, también territoriales.

-¿Le gusta cómo suena la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?

-Me gusta que se plantee que en 2030 se tenga que invertir el 1% del PIB en educación universitaria. Porque es un excelente motor social. Un país no puede plantear un horizonte de progreso y futuro si no invierte en ciencia e investigación y no tiene una masa crítica bien formada.

-¿Y que no se requiera la condición de catedrático para optar a ser rector o rectora?

-Que se democratice la universidad y se amplíen las posibilidades es enriquecedor. Además los candidatos tienen que demostrar experiencia docente, investigadora y de gestión.

-¿Y que entre las funciones de los claustros se incluya «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia»? Hay voces académicas que han advertido del peligro de politizar las instituciones.

-Las universidades tienen sus máximos órganos de representación, el Consejo de Gobierno y el claustro, que son los mecanismos para que se pronuncie. Dentro de estos y siempre y cuando se traten cuestiones que estén dentro del marco de la ley… Eso es lo que dictamina la LOSU.

-La ley también obliga a reducir los contratos temporales del profesorado al 8% como máximo. Y los rectores ya han advertido de que se necesitan recursos que no se han concretado.

-De cara a ese horizonte del 1% en 2030 en la Comunitat estamos en muy buen lugar. En el último informe de la Fundación CyD aparece como la que más invierte en universidades en términos de PIB per cápita. Nos permite ver ese horizonte de manera más favorable. Y a partir de ahí tenemos que ir mejorando esa financiación, pero la inversión realizada en los últimos años nos sitúa en buena posición. Aunque evidentemente habrá que trabajar de manera conjunta en ello.

-¿En qué situación se encuentran las negociaciones de plan plurianual de financiación?

-En estos años hemos saldado la deuda histórica que contrajeron los gobiernos del PP. Además, para este 2023 hemos aumentado un 9% el presupuesto para universidades, una subida superior a la de los presupuestos de la Generalitat, cubriendo sus necesidades y añadiendo 95 millones, que era lo que se había abonado el año anterior en concepto de deuda. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos un plan plurianual actualizado, moderno y que atienda sus necesidades. En estos momentos mantenemos conversaciones periódicas, casi todas las semanas, y estamos perfilando qué porcentaje se dedica a la docencia y cuál a investigación. Estoy convencida de que vamos a tenerlo, porque es necesario y porque marca la senda a las universidades para proyectar su futuro en los próximos años. Estoy confiada en que verá la luz seguramente para marzo.

-¿Qué ha pasado para que no haya llegado a aplicarse ya en los presupuestos de 2023, como se anunció?

-En estos años hemos sido conscientes de la situación de insuficiencia financiera. Y cumplimos cuando dijimos que en noviembre tendríamos el plan presentado, pero también queríamos que las universidades lo analizaran y aportaran. Nos trasladaron que les gustaba, pero que querían tener un poco más de tiempo para analizarlo y perfilarlo. No se trata de imponer sino de consensuar. Eso hemos hecho.

-¿Llegarán al acuerdo? La UPV ya se ha descolgado de su propuesta reclamando más fondos para investigación y no tantos para docencia.

-Estamos en plenas negociaciones y estoy confiada en que lo lograremos.

-Otro frente que tienen abierto es la mejora salarial del personal laboral, especialmente para los profesores asociados.

-Estamos desbloqueando el convenio colectivo. Éramos la única comunidad que en 2015 no lo tenía. El preacuerdo de 2019 no se pudo completar porque había restricciones presupuestarias que a otras regiones, que sí disponían de este instrumento, no les afectaron. Estamos haciendo una homologación de retribuciones, hasta ahora había diferencias salariales para el mismo trabajo, algo impensable. Y también contempla mejoras retributivas. La modificación del decreto de retribuciones del personal laboral permitirá su aplicación. Ahora mismo está en consulta por parte de la Abogacía de la Generalitat.

-El profesorado asociado, que está en huelga indefinida, se ha mostrado muy crítico con ustedes, llegando a decir que hacen trilerismo político porque se anuncian soluciones al calor de las elecciones.

-La figura del profesor asociado, que es un profesional de reconocido prestigio que aporta una visión más práctica, se ha ido desvirtuando en las universidades. Se ha abusado de los llamados falsos asociados. Nosotros desde el principio nos comprometimos con las mejoras para el personal laboral. Por eso iniciamos la redacción del convenio colectivo, porque no lo teníamos. Al PP parece que no le preocupaba mucho este colectivo. Y ese retraso llevó a la parálisis en la aplicación, en el sentido de que en determinado momento rigieron unas normas que no permitieron su aplicación al no poder aumentarse la masa salarial de las universidades. Afortunadamente hemos encontrado la vía para poder aplicarlo.

-¿Será Josefina Bueno la cabeza de lista del PSPV para la provincia de Alicante?

-Josefina Bueno es consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, cargo que asumo con mucha responsabilidad y orgullo. Y estará donde el partido crea conveniente que tiene que estar.

-La provincia de Alicante se considera feudo del PP. ¿Cómo se lo explica?

-No creo que tenga más tirón. De hecho gobernamos en muchos municipios. En Alicante, como en Valencia o Castellón, la ciudadanía se ha visto reflejada en las políticas de Ximo Puig. Somos una comunidad autónoma en la que hay una convivencia envidiable. En estos momentos gobierna mayoritariamente el partido socialista y yo trabajo para ello. Hay partidos que quieren la confrontación. Yo prefiero hacer política para ayudar a la gente.