Un valenciano, primera persona ciega que aprueba la oposición a juez

Hay gente que nace para tumbar barreras. Héctor Melero, vecino de Cullera, de 26 años y ciego total desde su nacimiento, es una de ellas. Se trata de la primera persona invidente que aprueba en España las oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal. Este joven valenciano se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y pudo presentarse a las oposiciones después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces. Se trataba de una respuesta a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, también ciego total, quién preguntó si podía acceder a la Carrera Judicial en caso de que llegara a superar el proceso selectivo correspondiente.

En aquel entonces, el acuerdo, adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, señalaba que, en caso de aprobar las oposiciones, debería procederse a realizar las adaptaciones oportunas en su puesto de trabajo. El CGPJ dispone para ello de los mecanismos normativos necesarios que, de hecho, vienen aplicándose habitualmente para otros supuestos de discapacidad, permanente o temporal, por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

De hecho, la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

Pero finalmente no ha sido Pérez sino Melero quién ha conseguido enmarcar su nombre y abrir las puertas definitivamente a la incorporación de los invidentes al puesto de juez y fiscal.

En el precepto de 2014 ya se indicaba que, una vez superado el proceso de oposición, «se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad».

Se remarcaba, además, que la falta de visión no debía verse como un problema para ejercer el cargo, «son excepcionales los medios de prueba que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible. En la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes».