Los presidentes de los tribunales superiores avisan de que el sistema actual de Justicia está «totalmente superado»

Las sucesivas huelgas de varios colectivos de la administración de Justicia -ahora de los funcionarios- está llevando al límite a los profesionales del derecho.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han mostrado este miércoles su preocupación por la situación actual, con graves problemas de eficacia y organización, y urgen un cambio integral. «El sistema actual de Justicia está totalmente superado y urge una profunda reforma del mismo. Casi podríamos hablar de la necesidad de refundarlo: la Justicia, su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno (CGPJ), su politización, real o aparente y, cómo no, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas», han advertido.

A ello se suman, insisten, dos acontecimientos, de singular relevancia, que ponen a la Justicia en riesgo de parálisis o colapso. De un lado, los retos pendientes año tras año; de otro, la grave situación de conflictividad actual por las huelgas y el grave deterioro del servicio público de Justicia.

Los presidentes de los TSJ se han reunido en la isla de La Palma y durante tres días han puesto en común diversas experiencias y actuaciones que se llevan a cabo en los tribunales, que consideran de interés para mejorar su organización y funcionamiento.

«Mostramos nuestra enorme preocupación por la gravedad de la situación de conflictividad actual, con importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, y enorme perjuicio a los ciudadanos», afirma un portavoz autorizado de los magistrados.

«Por todo ello, urgimos al necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo en nuestros juzgados y tribunales», añade la misma fuente como conclusión de las jornadas.

En Valencia, medio centenar de procuradores y abogados, convocados por sus respectivos colegios profesionales, se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Bajos los lemas «la justicia es una cuestión de estado» y «Justicia, dignidad y respeto» han pedido el final de una huelga que no cuestionan, pero que con la que no están de acuerdo en absoluto.

La decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Begoña Mollá, ha leído un manifiesto conjunto en el que ha explicado que estos cinco meses de parón de la justicia, «un pilar base del estado de derecho, están provocando un colapso total y absoluto dentro de la Administración, colapso que sólo parece preocuparnos a los abogados, a los procuradores y a los graduados sociales».

Según ha recordado Mollá, «los derechos de los justiciables se están viendo gravemente perjudicados, ya que están viendo cómo sus juicios se están suspendiendo, sus demandas están sin incoar y los procedimientos en los que son parte no se están tramitando».

La situación actual de la justicia, según el decano del ICAV, José Soriano, «es de auténtico colapso, dramática y caótica. Una situación que no se da de tal manera en cualquier otro servicio público».

Soriano, además, ha resaltado; «Yo no señalaría, yo repararía. Lo que queremos es reparar, participar, avanzar. No es cuestión de buscar responsabilidades, sino de reparación del sistema judicial. Se cuenta muy poco con la procura y la abogacía. Somos nada más y nada menos que 250.000 letrados y letradas en España, y no se nos está escuchando».

Pero los justiciables no son los únicos damnificados de estos cinco meses de huelgas: «Los procuradores, los abogados y los graduados sociales no podemos trabajar con normalidad, no podemos cobrar, lo que implica que muchos de nosotros nos estamos viendo abocados a tener que despedir a nuestros empleados, y lo más grave de todo, llegar a tener que cerrar nuestros despachos por no poder atender los gastos que seguimos teniendo por el ejercicio de nuestra profesión y por la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos ante la administración de justicia», lamenta la decana de los procuradores.

Por todos estos motivos, Mollá, en nombre de los profesionales que ejercen derecho en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ha exigido que esta «situación de huelgas constantes cese de inmediato, puesto que si la justicia española ya estaba tocada, ahora esta herida de muerte y tendrá que pasar mucho tiempo para poder recuperar la actividad judicial con total normalidad».

También ha solicitado la firma de un Pacto de Estado por la Estabilidad de la Justicia, y ha exigido que la defensa «de los derechos de los distintos operadores jurídicos, defensa completamente legitima, se haga sin menoscabar los derechos de los usuarios de la justicia y sobre todo sin menoscabar el trabajo de los profesionales».

Finalmente, Mollá ha instado «a todos los operadores jurídicos implicados a que se sienten a hablar y que utilicen todos los medios necesarios para acabar con esta situación de paralización absoluta de la justicia».

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