Los jueces de violencia de Valencia auguran un colapso al tener que asumir las causas de agresiones sexuales

Uno de los grandes males de la reforma, según los jueces, es que se verán obligados a asumir las causas de agresiones sexuales y acoso con independencia de que autor y víctima tengan o hayan tenido una relación sentimental. Se trata de un ilícito que no ha dejado de aumentar en las últimas estadísticas judiciales y policiales. Por ejemplo, sólo las agresiones han pasado de 11.000 a 21.000 en apenas seis años. Los datos muestran que esta tipología crece cada ejercicio en unos 3.000 nuevos asuntos en toda España.

Este cambio, la ampliación de la competencia objetiva, recogido en la conocida como ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se materializará el próximo mes de septiembre.

Los titulares consideran insostenible el nuevo escenario si no se amplía la planta judicial. Es decir, reclaman la creación de nuevos juzgados para evitar la parálisis de unos órganos ya «sobrecargados», denuncian en un escrito al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Además, con la reforma que se aprobó el pasado mes de enero también deberán encargarse de instruir los asuntos de trata de personas para la explotación sexual. Otro aporte más en la carga de trabajo.

Los magistrados ironizan al respecto de una norma que habla de «eficiencia» procesal, pero carece de cualquier dotación presupuestaria para hacer frente a la avalancha de asuntos. Es más, advierten de las consecuencias directas en la población. «El trato a la víctima de violencia de género va a quedar diluida, entre todas las demás víctimas, ya que ante ingente inasumible, aumento de competencias por unos órganos, ya de por sí colapsados se va a ver irremediablemente privada del trato personalizado, que hasta la fecha, se le proporcionaba», recogen en un escrito.

Pero no sólo la vía penal sufrirá las consecuencias. «Los procedimientos civiles igualmente se verán relegados por los asuntos penales de atención preferente porque tristemente cuando todo es urgente al final nada termina siendo urgente».

Todo lo anterior, en definitiva, contribuirá a una revictimización de las mujeres, precisamente una de las circunstancias que desde el primer momento se trata de evitar, tal y como recoge el Estatuto de la Víctima. El aumento de la carga de trabajo, en una situación ya de cierta saturación, ha afectado a «la salud laboral» de los propios titulares que temen que el escenario sea inasumible en un horizonte temporal próximo, a finales de este año. Este contexto contribuirá a que los titulares traten de abandonar estos órganos judiciales hacia otros destinos más plácidos en el desempeño diario.