El juez imputa a dos familiares del teniente coronel por las investigación sobre los gastos irregulares de la Guardia Civil

La causa, que se tramita en Instrucción 3 de Valencia, estuvo bajo secreto unos meses tras la operación policial, dirigida desde la unidad de Asuntos Internos, que incluyó registros, entre ellos, el del despacho del propio mando del Ejército en el cuartel de Benimaclet.

El juzgado ya ha levantado la medida excepcional sobre este sumario. Y una de las novedades es que las pesquisas han salpicado a dos familiares del teniente coronel, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Al menos una de estas personas sería un pariente muy próximo al responsable de la Benemérita. Ninguno de los imputados ha declarado hasta la fecha. En su condición de investigados pueden solicitarlo en cualquier momento y el juez ha de acordarlo de manera obligatoria.

La investigación se encuentra todavía en una fase embrionaria. El juzgado continúa con las indagaciones para confirmar si los indicios incriminatorios persisten. Entre estas diligencias, el juzgado ha designado a tres peritos, en concreto tres arquitectos, para que hagan informes sobre algunas de las actuaciones bajo sospecha, según las mismas fuentes.

El objetivo de estos trabajos sería comprobar los precios que se pagaron y si estos se corresponden realmente con el mercado. La sospecha, al parecer, es que se hincharon deliberadamente los importes.

El teniente coronel del Ejército investigado, tal y como ya informó LAS PROVINCIAS, pertenece al Cuerpo Militar de Intervención y lleva 15 años realizando funciones de interventor en la VI Zona de la Guardia Civil de Valencia, donde gestionaba el dinero que la Dirección General de la Guardia Civil destina a las dependencias de la Comunitat para material de oficina, dietas y otros gastos.

Las supuestas irregularidades que le atribuyen los investigadores corresponden a pequeñas cantidades de dinero. Conviene recordar que las grandes inversiones se encuentran centralizadas. En realidad, su cometido era el control de la gestión económica mediante una función interventora, así como el asesoramiento y la auditoría pública.