El juez imputa al ganadero de los burros muertos en el Desert de les Palmes

De esta forma, son ya dos los imputados en el transcurso de la investigación sobre lo acaecido en este paraje. Hasta ahora la única persona que había merecido tal calificación penal había sido el entonces director del parque natural del Desert de les Palmes, Antonio García. Ahora se le suma el otro gran protagonista de estos sucesos, Juan Lebrián, el ganadero propietario de los burros que fueron trasladados al espacio protegido.

Según la versión ofrecida por la Conselleria de Emergencia Climática, había varias presuntas irregularidades atribuibles al ganadero como fue el hecho de que algunos de los animales no tuvieran el preceptivo chip. También se puso en duda el buen estado de salud de los burros que fueron enviados al parque natural. Y mantuvo abierto un expediente sancionador por el estado en el que mantiene su explotación.

En su declaración ante el juez, Antonio García reconoció que los animales no tuvieron un seguimiento veterinario aunque puntualizó que tanto por parte del ganadero como de él mismo se pasaron tiempo controlando los animales en el paraje en el que se encontraban. Además, también apuntó que observó cambios en el comportamiento de los burros y que algunos tenían heridas en las patas y que avisó a los veterinarios por correo electrónico el 8 de septiembre.

Los hechos se remontan al verano de 2022 dentro de una iniciativa emprendida para la prevención de incendios forestales en el parque natural del Desert de les Palmes. El entonces director de este enclave proyectó llevar al paraje un grupo de burros para que se comieran la maleza con el objetivo de prevenir incendios forestales. Pero lo que empezó como una medida de prevención acabó siendo una tragedia ya que al menos fallecieron una decena de estos animales por causas que todavía no están demasiado claras.

Los burros fueron dejados en un cercado sin ningún control humano. Al cabo de unos días estaban sueltos por el paraje. Al parecer consiguieron escapar del cercado y se desparramaron por la zona. Hubo indicios de que algunos pudieron ser atacados por fauna salvaje o que alguno llegó a despeñarse por este enclave.

Y es que todavía siguen abiertos numerosos interrogantes sobre lo que sucedió en este paraje. El informe elaborado por los veterinarios de la Universidad Cardenal Herrera-CEU sugieren que los animales fallecieron por desnutrición. Todos ellos presentabas síntomas compatibles con este fenómeno como fallo hepático, encías blancas o alopecia. También tenía parásitos difíciles de eliminar si no es con una buena alimentación continuada y algún suplemento añadido.

El problema es que los veterinarios no pudieron realizar ninguna necropsia porque la mayoría de cadáveres no acabaron de aparecer y el que se encontró se encontraba en muy mal estado por lo que no se le pudo practicar la autopsia.

Esta opinión de los veterinarios contrasta con la versión que ofreció en Les Corts Valencianes la anterior consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que insinuó que las muertes de estos animales podría haberse debido a la intervención humana.

El primer cadáver apareció el 12 de agosto y la muerte fue atribuida a causas naturales. El segundo fallecimiento se produjo cuatro días después y se consideró que había sido un accidente. Las alarmas saltaron el 6 de septiembre cuando apareció un nuevo animal muerto.

La muerte de estos animales provocó una tormenta política en la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica que se cobró el puesto del anterior director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, que presentó la dimisión una vez que se conocieron los hechos. El terremoto también afectó a la jefa de servicio de Espacios Protegidos que fue removida de su puesto. La administración abrió una investigación sobre su actuación y la del director del parque.

Mientras la Conselleria de Transición Ecológica sostiene que el proyecto fue una iniciativa en solitario del entonces director del parque, desde la oposición, especialmente desde el Partido Popular, se ha sostenido que la operación era perfectamente conocida por la administración autonómica por lo que el PP pidió a la anterior consellera que asumiera su responsabilidad política.

En este sentido, la portavoz de Medio Ambiente del PP en Les Corts, Elisa Díaz, ha señalado que el Consell de Ximo Puig puede ser el primero en verse condenado por un delito medioambiental por este caso.

Por otro lado, en su declaración ante el juez, el otro imputado, el exdirector del parque, sostuvo que mantuvo informados a sus superiores de la iniciativa que estaba llevando a cabo en el parque. En concreto, el investigado señaló en su declaración que advirtió de la misma «al Gabinete de Prensa y al Gabinete de la consellera y a la Secretaría Autonómica».

García también sostuvo que informó el 22 de septiembre a la dirección general de las muertes de los burros y que desde esa fecha «no recibió orden de la conselleria de retirar los animales». Señaló que ese día se puso en contacto con su superiora jerárquica para comunicarles los decesos «y ella le contestó que pena» y que daba traslado a la jefa de servicio de gestión de caza y a la de Medio Ambiente en Castellón.

El director del parque aseguró en su declaración que no recibió respuesta del subsecretario de la conselleria ni del secretario autonómico y que envió toda la documentación pertinente a la entonces jefa de servicio en la conselleria.

Por su parte, según la versión ofrecida por Mollà en Les Corts Valencianes, la primera noticia que tuvo la conselleria de los hechos fue una comunicación escrita vía mail enviada por el director del parque a la jefa de Espacios Protegidos en la que se informaba de la muerte de ocho burros.

La segunda fue otra comunicación en la que ya se elevaba la cifra de muertos hasta los diez. Además, se indicaba que se ponía fin al proyecto original. La consellera indicó que ninguna de las dos comunicaciones fueron remitidas a los cargos superiores por lo que no se tuvo conocimiento de los hechos ahora investigados por el juzgado de instrucción de Castellón.