Una piscina supuestamente ilegal, construida en una zona protegida como huerta, con el Ayuntamiento de Alboraia como promotor de la obra y levantada en terrenos ... que en realidad son del Ayuntamiento de Valencia. Este es el embrollo legal y municipal que trata de desenmarañar el juzgado de instrucción número 19 de la ciudad tras la denuncia presentada por un particular. El juez ya ha llevado a cabo las primeras diligencias, como el interrogatorio como investigado al alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría. En los próximos días declarará también el exconcejal de Hacienda de Valencia Borja Sanjuán.
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El caso judicial arrancó en mayo de 2023, cuando se presento una querella ante la Fiscalía contra el citado edil, por parte del abogado Mateo Castellá, pero también contra los antiguos integrantes del Ayuntamiento de Valencia, el exalcalde Joan Ribó y la responsable de Urbanismo en la etapa del tripartito, Sandra Gómez, así como la responsable de esta área en el Consistorio de Alboraya, Ana Bru, por la construcción de la piscina.
La construcción, que tuvo un coste de 1,2 millones, es una piscina descubierta situada junto al campo de fútbol del Alboraya UD. «El Ayuntamiento de Alboraya ha construido una piscina en unos terrenos que se encuentran fuera de su término municipal y que, además, se encuentran protegidos», como sostiene la denuncia. No sólo eso. En respuesta a la petición de información de la Fiscalía, el Ayuntamiento señaló que la instalación deportiva se encuentra en un terreno «no urbanizable, agrícola y con calificación de protección como huerta».
El denunciante señala a los dos Ayuntamientos por la supuesta ilegalidad. Al Consistorio de Alboraya «por construir un equipamiento deportivo en suelo ajeno, sin licencia que lo habilitara, habiendo invertido dinero público para ello, en una clara irregularidad administrativa y malversación». Y acusa al anterior equipo municipal de Valencia por «consentir una actuación en un suelo no urbanizable».
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El alcalde de Alboraya prestó declaración este jueves en calidad de investigado por los hechos y señaló que pensaba que la construcción estaba dentro del término municipal de Alboraya, aunque el Consistorio paga IBI a Valencia desde 2018. El terreno es propiedad del municipio de l'Horta, pues los compró en los años 80, aunque están dentro del termino municipal de Valencia, tal y como aparece en el catastro de la ciudad.
Las mismas fuentes han señalado que el primer edil reconoció no haber pedido licencia de obras ni de actividad al Ayuntamiento de Valencia. Incluso aceptó que se procedería a la demolición de la instalación deportiva si se declaraba la ilegalidad. En la causa está previsto que declare el exconcejal de Hacienda de Valencia el próximo 4 de marzo, en principio en condición de testigo.
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