El juez procesa a un funcionario por asesorar a la empresa que trata las cenizas de las Fallas

Fue Compromís el que denunció esta situación en el juzgado. Los hechos, sin embargo, son anteriores a la etapa del conocido como Gobierno del Rialto, y se corresponden con el periodo de Rita Barberá en el Consistorio. El instructor ha dictado el auto de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos, y que aboca al principal investigado -el caso se archiva respeto a otros miembros de la mercantil beneficiada- a la vista oral. De hecho, el juez sigue la tesis de la Fiscalía que pedía que se le procesara por este delito, pero se archivara la prevaricación y el blanqueo de capitales. El Ayuntamiento, que se encuentra personado, puede recurrir esta decisión. Pero, de momento, se ignora qué decisión ha adoptado.

La empresa bajo sospecha es Servicios Medioambientales Valencia (SMV), sociedad que facturó cerca de diez millones de euros en el periodo bajo sospecha, según consta en el expediente judicial. La firma fue creada por Carlos Fernández quien anteriormente había sido director general de la UTE Los Hornillos, una de las plantas que tratan la basura de Valencia.

Todo comenzó en una reunión en el Ayuntamiento de Valencia donde uno de los investigados en la causa -De France que era jefe de ecoparques en la UTE- reveló que Vayá era socio, aunque de manera encubierta, de la mercantil. En aquel encuentro se aportó documentación que, por ejemplo, confirmaría la asistencia del funcionario a los consejos de administración de la empresa. Se ignoran los motivos de esta confesión. La sociedad se había creado en 2007 y durante al menos cinco años (2011-2015) se encargó de la intermediación en las cenizas de las fiestas Josefinas.

Hasta ese momento, Vayá y otro alto cargo de la UTE firmaban los informes que se consideraban determinantes a la hora de elegir a la empresa SVM para completar diferentes servicios. Pero el instructor considera que el ahora investigado no ejerció presión sobre una de las autoras del trabajo -los firmaban a medias- y, por tanto, no carecían de «objetividad» ni tenía un interés en beneficiar a la empresa. Es decir, producto de esos informes no se produjeron resoluciones administrativas «arbitrarias o injustas».

El único procesado, no obstante, sí acudía a reuniones de la empresa con el objetivo de «asesorar». Esto le situaba en los dos lados del tablero, tanto en la empresa adjudicataria como en la beneficiaria.

De igual modo, la investigación ha despejado las dudas acerca de algunas operaciones económicas como un préstamo que le hizo al dueño de SVM o el cobro por parte de su madre de una importante cantidad en efectivo desde una cuenta en el extranjero que, según las pesquisas procedía de una herencia. En este sentido, el juez no ve acreditado, al menos de manera indiciaria, la existencia de un delito de blanqueo de capitales.

La gestión de las basuras y residuos, en general, ha sido siempre un foco de corrupción. El caso más relevante, sin duda, fue el de Emarsa, el expolio de la depuradora de Pinedo a través de una empresa pantalla que facturaba ingentes cantidades de dinero por el tratamiento de los lodos. Sus principales responsables fueron condenados a penas de unos diez años de cárcel tras perpetrar el desvío de cerca de 20 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la Comunitat hasta la fecha.