Una juez procesa a una funcionaria que espió el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco

Estos episodios en los que el popular personaje relataba su vida, pero especialmente la conflictiva relación con su expareja, debieron de despertar la curiosidad de los funcionarios valencianos. Se desconoce qué destino en concreto tenía la funcionaria ahora procesada. Si trabajaba para un juzgado o lo hacía en la Fiscalía o en otros departamentos de la Administración de Justicia.

El auto dictado recientemente supone el final de las investigaciones. La resolución y la instrucción han sido tramitadas por una compañera del titular de Instrucción 4 de Sueca. El profesional se abstuvo de este asunto porque su órgano es el que tiene asignados los asuntos de violencia de género.

La juez da ahora traslado a las partes, en este caso únicamente la Fiscalía al margen de la defensa, para que califique los hechos si mantiene que son constitutivos de delito o en caso contrario decrete el archivo de las actuaciones. También puede solicitar nuevas diligencias si considera que son esenciales para determinar los hechos. En la resolución se recoge la existencia de suficientes indicios por un supuesto delito contra la intimidad cometido por funcionario público, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia.

Esta calificación inicial, no obstante, no condiciona el criterio del fiscal. De hecho, durante la investigación del ministerio público, en una fase prejudicial del asunto, se llegó a la conclusión de que existían suficientes indicios de la comisión de un delito de revelación de secretos. En concreto, en la modalidad de consulta indebida de base de datos, con un apartado específico en el Código Penal. El delito está castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel y multa de hasta 24 meses.

Rocío Carrasco y Antonio David no son parte en este procedimiento. Pudieron en su día personarse como acusación particular ya que la información que consta en ese fichero afectaría a la esfera más íntima de ambos personajes. En su día, desde la Fiscalía se notificó a los presuntos afectados la existencia de una investigación abierta por si querían personarse en las diligencias y presentar denunciar por estos hechos. No se obtuvo respuesta.

No es este el único caso de funcionarios denunciados, pero sí el primero que parece haberse cerrado. La Fiscalía, en su día, denunció a siete funcionarios por hechos idénticos al de la mujer recientemente procesada. Cada asunto se repartió entre juzgados de diferentes partidos judiciales según el lugar donde supuestamente se produjo el acceso irregular al fichero. Esta base de datos contiene las denuncias de violencia de género presentadas así como las resoluciones judiciales, junto a informes policiales y forenses. Resulta posible que parte de la información que pudieron consultar fuera exhibida posteriormente por la protagonista a lo largo de la serie documental.

La Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, por su parte, abrió un expediente informativo que, de entrada, afectaba a nueve personas, según informaron en su día fuentes oficiales. El siguiente paso sería la apertura de un expediente disciplinario, que podría desembocar en sanciones para los empleados. Pero todo esto dependerá de la conclusión de la investigación judicial y las medidas que allí puedan adoptarse.