La justicia resuelve el accidente del metro catorce años después del siniestro

La jueza de Penal 6 cerró este lunes una etapa de 14 años al condenar a cuatro exdirectivos de FGV que admitieron su responsabilidad en el accidente de metro de Valencia que terminó con la vida de 43 personas e hirió a otras 37. Los condenados a 22 meses de prisión son el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; el ex director técnico, Francisco García y el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente. Se consideraron autores por omisión o cooperación necesaria de un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo, en concurso ideal con 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional. Todos ellos asumieron que conocían las deficiencias en las infraestructuras, el material móvil, la falta de control de la velocidad y la inexistencia de una baliza, factores todos estos que hubieran evitado el siniestro .

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que ejerce la acusación particular, también ha participado en esta conformidad, cuyos términos fueron aceptados este lunes por la magistrada. El juicio, que tenía una duración prevista de seis meses, se ha limitado sólo a una jornada. Los condenados se han beneficiado de la rebaja al apreciar las acusaciones las atenuantes de dilaciones indebidas -los hechos se remontan al verano de 2006- y la confesión. A todo esto hay que sumar que la responsabilidad civil está abonada. Una de las condiciones previas para negociar este acuerdo fue que no se hablara de dinero. Ninguno de ellos entrará en la cárcel al quedar la pena suspendida. Además, la inhabilitación es para funciones directivas, lo que permite a alguno de los condenados seguir con su trabajo en FGV. Es el caso de Sebastián Argente.

El abogado de las víctimas representadas en la causa aprovechó su turno para arremeter contra la jueza instructora por su «contumaz oposición» y su mala actuación. Recordó las consecuencias «demoledoras» de los hechos y el papel de las víctimas que nunca buscaron «venganza». De los ahora condenados, resumió: «Se les reprocha que no cumplieran con su obligación. Eran funcionarios y cobraban por ello».

El final de la causa permite a las víctimas, que siempre han denunciado haber sido maltratadas por el Gobierno del PP en su afán por silenciarlas, proclamar que tenían razón y que la Línea 1 no contaba con suficientes medidas de seguridad. De igual forma, les evita volver a recordar aquel dramático episodio con la celebración de la vista. Pero el acuerdo al que llegaron todas las partes el pasado jueves para evitar el juicio evidencia también la debilidad de las pruebas con las que contaba la Fiscalía. No hay que olvidar que para llegar a esta conformidad, la responsable del ministerio público ha tenido que retirar la acusación contra los otros cuatro directivos investigados, entre ellos la exgerente Marisa Gracia, sin que se hayan valorado las pruebas en una vista pública. Es decir, que una petición de tres años y siete meses de prisión se ha quedado en nada sin que hayan variado los indicios que en su día llevaron a ejercer la acusación contra estos procesados. El pacto no modifica la responsabilidad civil abonada a los familiares. Los condenados no deberán pagar las costas a las acusaciones particulares.

La confesión de los ahora condenados también permite a la fiscalía, salir de manera airosa de este complicado procedimiento judicial. Cabe recordar que la pericial de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria resultaba favorable a los procesados. El riesgo de terminar el juicio sin condenas tras la pertinaz insistencia del ministerio público -sólo pidió la reapertura tras el programa 'Salvados' de Jordi Évole- hubiera confirmado la tesis que durante toda la investigación manejó la instructora Nieves Molina con el apoyo inicial de la fiscalía. Capítulo aparte merece el caso de la instructora que pasó de recibir elogios por acorralar a Rafael Blasco con el caso Cooperación a ser atacada tras decretar los sucesivos archivos de la causa. De nuevo este lunes fue blanco de los ataques.