La jueza cita de nuevo a Fuset para que declare en la causa del fraccionamiento de contratos

Pere Fuset afronta su particular via crucis judicial este mes. La presión política por su situación judicial amenaza con seguir la escalada de las últimas semanas a raíz de sus nuevos compromisos judiciales. En esta ocasión, las malas noticias para el concejal de Fiestas llegan desde el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, el órgano que analiza un fraccionamiento de contratos en su departamento en eventos como Expojove y la Batalla de Flores.

La instructora le ha citado el próximo 28 de febrero para que declare, otra vez como investigado, por una ampliación de esta causa, según confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El asunto se inició a raíz de una denuncia de Luis Salom. Pese a este origen -el asesor del PP ha visto cómo se archivaban casi todas las diligencias que él mismo impulsaba- el caso ha tenido recorrido judicial. Hasta tal punto que, en el único informe de la fiscalía hasta la fecha, el responsable del ministerio público ya apuntó indicios del fraccionamiento.

La comparecencia de Fuset se debe a la incorporación de más documentación a la causa y nuevas denuncias de irregularidades. Fuentes cercanas al PP comentaron que estarían relacionadas con contrataciones de la Junta Central Fallera. Fuset pospuso esta declaración alegando en su día que no había tenido tiempo suficiente para conocer las nuevas acusaciones.

La causa amenaza con cerrarse con un nuevo procesamiento para el edil. Hay que recordar que el ministerio público detalló que la actuación del edil encajaba a la perfección en el delito de prevaricación, castigado con pena de inhabilitación de nueve a quince años. El fraccionamiento de contratos, por sí mismo, no es delictivo. En otras ocasiones, la fiscalía se ha pronunciado en este sentido. Se necesita de un plus en la actuación del investigado. Pero el ministerio público, en el primer informe que desembocó en la citación de Fuset, afeaba la actuación del edil. Así, recopilaba las adjudicaciones en el periodo analizado (enero de 2016 a mayo de 2018) y concluía que el 75% de todo el importe se realizó a través de contratos menores. En cifras, esto se traduce en 4,8 millones de euros en adjudicaciones y 3,8 a través de la contratación directa. Este dato demuestra el abuso de los contratos menores para evitar sacar un mismo servicio a concurso.

La citación se produce en un periodo convulso para el edil. En las próximas semanas recibirá la apertura de juicio oral por la muerte de un empleado en el montaje de las gradas de Viveros. La fiscalía no le acusa, pero sí la familia del fallecido. El juez y la Audiencia aprecian indicios de criminalidad en el papel que desempeñó el concejal. Y si no fuera esto suficiente para lastrar su día a día, también en las próximas semanas deberá hacer frente al inicio de otra causa por prevaricación al autorizar la explotación de barras y puestos de comida a cambio de la instalación de los asientos. Las Fallas no parece que vayan a ser tranquilas para el edil de Fiestas.