La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio sobre qué paso el 29-O

Entre ellos figuran el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el director y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví.

La defensa de Argüeso pedía la imputación del presidente de la CHJ y de otros cargos por lo sucedido en la tarde del 29 de octubre. La de Polo, por la falta de datos que permitieran conocer el estado real del barranco del Poyo, que de desbordó causando la muerte de más de 200 personas.

Para la magistrada Ruiz Tobarra, según señala en su auto, no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH -el sistema que vigila los cauces de la CHJ- ni de la posibilidad de acceso al mismo, «ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo». Para la jueza, «más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH».

En su auto, la magistrada apunta que no cabe en la gestión de la tarde de la dana reconocer un desconocimiento de cómo se aportaban los datos del caudal del Poyo: «No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico (Emilio Argüeso), el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia».

«Ha de tenerse en cuenta -continúa el auto- el tipo de emergencia ante la que se encontraba la provincia de Valencia, un gravísimo riesgo de inundación. Si el propio investigado remite un mensaje a las 14:44 horas, vía whatsapp, a un chat en el que se dice: 'los barrancos están a punto de colapsar'. Lo que supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo. Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición».

La jueza apunta que sólo le corresponde a los perjudicados por la dana la petición de que Polo y otros cargos comparezcan en calidad de investigados. Además, apunta que el papel de Emilio Argüeso, con una situación como la que se vivió el 29 de octubre, en ningún caso debió ser pasiva a la espera de información, sino que debió adelantar a los acontecimientos: «El secretario autonómico, pese a lo que declaró, no puede limitarse, como insistentemente manifestó, a esperar que se le informara, aunque datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance. Ello hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia, pero en cualquier caso ante un evento meteorológico gravísimo, podía solicitar él mismo que se le informara».

Finalmente, la juez ha solicitado que declaren en calidad de testigos un total de 13 personas, desde el presidente de la CHJ, Miguel Polo a la Comisaria Jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica.

En otros dos autos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros. La misma cuantía se ha impuesto en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat Valenciana, dada su condición de aforado.

El quinto auto desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.