La jueza de la dana limita el informe policial que reclamaba la Fiscalía

La juez considera que el planteamiento de la Fiscalía resulta inviable en este momento. En resumen, se trataría de un trabajo que ella misma ya ha iniciado con «el análisis de la evitabilidad de los fallecimientos y la posible comisión de delitos». Esto «no puede trasladarse a un informe policial una vez judicializada la causa», precisa.

LAS PROVINCIAS informó de la sorpresa que habían causado algunos de los autos de la instructora por lo «precipitado» de sus conclusiones.

La Fiscalía pretendía que la Guardia Civil elaborara una especie de atestado en el que se clarificara las competencias de cada interviniente en la emergencia y una eventual responsabilidad penal. Algo habitual en numerosas instrucciones. La juez, sin embargo, cree que la «necesaria toma de declaraciones por los partícipes en sede policial chocaría con la propia investigación judicial».

La instructora recuerda, además, que algunos de los participantes han manifestado ya públicamente no solo la participación que tuvieron sino la de los demás. Por ejemplo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o más recientemente la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

En este sentido, la juez subraya que un informe de esta naturaleza obligaría también a la toma de declaraciones en sede policial. cuando «diversas acusaciones particulares y policiales han solicitado la declaración de los querellados». Añade, en este sentido, que la declaración de los eventuales investigados no puede efectuarse policialmente.

Finalmente, el informe de la Guardia Civil será meramente descriptivo, con una cronología de los hechos del pasado 29 de octubre y el análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados registrados, según la resolución judicial.

La juez destaca en esta resolución las grabaciones audiovisuales efectuadas por los medios de comunicación que permiten hacerse una idea «de cómo evolucionó la situación el 29 de octubre en toda la provincia de Valencia».

Otro de los focos de las pesquisas es la información de la que disponía la Generalitat en el momento de adoptar o no las decisiones. El Gobierno, por ejemplo, denunció el apagón que se registró en la reunión del Cecopi por espacio de cerca de una hora para decidir supuestamente el envío del mensaje y su contenido. En este sentido, la juez destaca el requerimiento a la Conselleria de Interior y Emergencias para que le informe, en el plazo de tres días, si durante la reunión «se produjo algún receso».

Igualmente, la instructora ha pedido a la Universitat de València, que acordó «acertadamente» suspender las clases el día de la Dana, que le informe de qué órgano concreto tomó esa decisión, en que información se sustentó. De igual modo, si allí participó «algún técnico».