La jueza pregunta a Emergencias si «alguna autoridad más» se incorporó al Cecopi antes de enviar el mensaje de alerta

Cuatro son los aspectos más destacados de las nuevas diligencias encargadas por la titular de Instrucción 3 de Catarroja. Por un lado, un segundo requerimiento al Gobierno para que cumpla con la información solicitada hace una semana. No es la primera vez que desde la Administración central -también ha ocurrido con la Generalitat- no atienden de manera completa las peticiones judiciales.

Ahora la magistrada se ve obligada a insistir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le remita los caudales del barranco del Poyo, unos datos que no constan en el primer informe. Da un plazo de tres días para obtener una respuesta.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, precisaron que ya contestaron a esa información. Lo hicieron por correo electrónico el pasado jueves a las 19 horas. Y, además, anunciaron que lo enviarían también por correo certificado el cual supuestamente ha llegado este lunes al juzgado.

La Generalitat, como argumento de defensa, sostiene que existió un apagón informativo de al menos dos horas sobre este particular porque toda la atención se dirigió a la presa de Forata. De hecho, el famoso y tardío mensaje de Es Alert se produce ante el peligro del embalse, nunca por una amenaza desde el barranco que cruza diferentes comarcas.

La segunda de las cuestiones hace referencia a los miembros del Cecopi, la reunión que comenzó a las 17 horas del pasado 29 de octubre y que coordinaba la atención de la emergencia. La juez pregunta acerca de si se incorporó «alguna autoridad más» a la cita al margen de las 29 personas que de manera presencial o telemática formaban parte del organismo. También concede tres días para ofrecer una respuesta.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sugirió este pasado fin de semana que el mensaje no se envió hasta que el presidente Carlos Mazón llegó a la sede de Emergencias, en L'Eliana. La alerta se trasladó a las 20.12. Previamente el líder del PP había comido en un restaurante de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana. Mazón no forma parte del órgano de Emergencias.

Y, por último, la juez también aborda otras dos cuestiones para obtener una radiografía lo más completa posible del trabajo de cada administración esa fatídica jornada. En un caso atiende la solicitud formulada por Podemos, una de las primeras acusaciones populares en llegar a la causa, y requiere a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias el pasado 29 de octubre.

En los últimos días, la difusión incompleta de un audio entre Aemet y Emergencias por parte de la Generalitat valenciana situó de nuevo el foco informativo en el papel de la citada agencia y las alertas que se emitieron previamente, pero también el mismo día de la emergencia. De igual modo, pide al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían las mismas. Existen testimonios que aseguran que el número de llamadas fue elevadísimo y que se superaron con creces los tiempos habituales de atención ante la avalancha de emergencias que se sucedían.

La magistrada también ha requerido a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.

Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños «no se podían evitar», pero «las muertes sí».

Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa.

«Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento», precisa.

Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones. Del mismo modo, sí acepta la personación en esa condición de acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular.