La jueza da un ultimátum a la Generalitat para que diga quién mandó el SMS y pregunta a la CHJ por el apagón informativo

Además, la magistrada pide a los medios de comunicación imágenes de la crecida de la rambla y pregunta si se recibieron informaciones de vecinos que estuvieran a pie de barranco y que pudieran apreciar cómo aumentaba el caudal esa tarde. La jueza ha vuelto a requerir a la Generalitat para que comunique qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre, al tiempo que ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron. LAS PROVINCIAS ha publicado estos días que hubo hasta cuatro alertas en esas dos horas que nadie atendió (además de lo que decían los pluviómetros de Chiva) y que en la documentación enviada por la Generalitat al juzgado no se identifica quién ordenó enviar el mensaje, una cuestión compleja sobre todo tras las declaraciones de la exconsellera Pradas en À Punt cuando dijo que un técnico le había informado de la existencia de ese sistema esa misma tarde.

La respuesta a la pregunta de quién ordenó enviar el mensaje es importante, porque el juzgado trata de dirimir si puede haber algún responsable de lo ocurrido. Y es ahí donde entran las dudas, porque la dirección de la Emergencia corresponde a la Generalitat, sí, pero aquella tarde había mucha gente en la sala del Cecopi, tanto virtual como presencialmente. Pese a que buena parte de los asistentes quedaron aislados cuando a eso de las 18 horas desde la dirección se pidió un receso para decidir próximas acciones, volvieron a conectar sobre las 19 horas, unos 70 minutos antes de que se enviara el mensaje. Cuando se envió, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya había vuelto de su comida en El Ventorro, pero se desconoce si la decisión se tomó antes o después de su llegada, que ocurrió sobre las 19.30 horas.

Y es ahí donde la jueza interviene, porque lleva varios días reclamando esa información a la Generalitat. El Consell ha ofrecido un informe de casi 1.000 páginas donde no aparece este detalle en el que la jueza está centrada. En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como «sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas» durante esa fecha. Cabe recordar, en este sentido, que LAS PROVINCIAS informaba ese día, y desde primera hora de la tarde, de la inundación de Chiva y de Utiel, que a las 15 horas ya estaba anegada. Asimismo, el diario dispone de imágenes capturadas por la mañana en la zona de Riba-roja donde el barranco del Poyo ya va hasta arriba.

Por último, la magistrada ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universitat Politècnica de València en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l'Horta Sud. La resolución judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja «se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l'Horteta». Por esta última rambla, según cálculos de la CHJ, discurrieron en su momento casi 3.000 metros cúbicos al segundo, recogidos de la zona de Turís, sin que nadie supiera qué ocurría a pie de barranco.

La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas. La juzgadora considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la «simple percepción directa de cualquier persona cercana» a esa rambla de la «intensidad del desbordamiento» pudo permitir a esos responsables conocer la situación.

Esta es otra de las claves. Como ha informado este diario, los alcaldes de aguas arriba no trasladaron información a la sala del 112. Sólo la de Loriguilla consigue hablar con el Cecopi a eso e las 18.45 horas. Quince minutos después, la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada de Gobierno y le dice que la situación es dramática. La exprimera edil de Chiva también habla con la Diputación de Valencia entre lágrimas a eso de las 17.25 o 17.45 horas, tal como el presidente del ente, Vicent Mompó, explicó en laSexta. Se desconoce si esa información llegó al Cecopi. Entre el 29 y el 30 de octubre, se recibieron casi 60.000 llamadas.

Además de analizar la remisión del SMS por el sistema Es-Alert, la titular del órgano judicial entiende que ha de dilucidarse también si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por «otros medios» de forma previa, como «conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios». Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique «en el improrrogable plazo de cinco días». También solicita a la Conselleria que identifique al funcionario o al técnico que ejecutó esa orden.

Por otro lado, el auto señala que existe un intervalo de tiempo sin mensajes sobre el caudal de la rambla del Poyo en las comunicaciones de la CHJ de esa tarde del 29 de octubre, en concreto entre un correo fechado a las 16.13 horas y otro a las 18.42. No obstante -precisa la juez- la propia Confederación informó en una nota de prensa fechada el pasado 4 de febrero que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos. A este respecto conviene recordar que LAS PROVINCIAS publicó ayer que en esas dos horas hubo hasta cuatro alertas sobre lluvias intensas registradas por el pluviómetros de Chiva que se enviaron al 112, cuatro mensajes que fueron desatendidos tanto por la CHJ como por Emergencias, ya que la alerta sobre el Poyo se envió a las 18:43 cuando el daño ya era irremediable, apenas 12 minutos antes de que la fuerza del agua arrastrara el aforo de Riba-roja, con el monstruo de barro cerniéndose ya sobre una Horta Sud totalmente indefensa, donde miles de personas volvían a casa en coche ajenos a la barrancada que les venía encima con el caudal del Ebro.

Es por esta razón por la que la magistrada requiere al organismo de cuenca que facilite «la integridad» de los datos existentes en ese intervalo de tiempo sobre el caudal del barranco y concrete «el medio utilizado de transmisión», si éste consistía en su publicación en la página web de la CHJ o se usó algún otro. El auto, que ha sido notificado ya a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas hasta este jueves en el procedimiento, puede ser recurrido en reforma o apelación.