La jueza pone el foco en Pradas, Mazón, Bernabé y Polo

La titular del juzgado adelantó a un grupo de fiscales, encargados de la causa, que no rechazaría las inhibiciones que le llegaran del resto de órganos. Ella era, por otra parte, la instructora dentro del partido judicial con mayor número de fallecidos. Podría haberse opuesto a llevar esta causa, pero no lo hizo.

Desde entonces, las diligencias se basan, en lineas generales, en recoger toda la documentación disponible y las actuaciones que se produjeron en las horas clave anteriores a los fallecimientos. Queda fuera, como ha recordado recientemente, la descoordinación de los días posteriores y la tardanza en recibir ayuda. Cuestiones no relacionadas con la investigación penal que se resume básicamente en si la no adopción de las medidas de prevención causó las muertes de la dana. En la búsqueda de ese «nexo causal» entre la omisión y el fatal resultado.

La instructora analiza si se pudo cometer un homicidio o lesiones imprudentes en su modalidad de comisión por omisión. La asociación de víctimas de la dana de l'Horta Sud ha anunciado que recurrirá el auto que acota los delitos porque quiere incluir nuevos ilícitos. El ejemplo más típico de comisión por omisión es el de un padre que no alimenta a un bebé y el pequeño muere. Esto trasladado al día de la dana se establece como la siguiente hipótesis: ¿Determinadas medidas de protección –el envío de un mensaje, por ejemplo– habría evitado la muerte de decenas de personas? Y sería necesario, como recogió el auto del TSJ, que esto no se expusiera en términos estadísticos «sino estrictamente probatorios» ligados a «la muerte o a las lesiones». Un desenlace que, por otra parte, debió ser «previsible» para quien decidió no actuar.

En esta recopilación destacan varios frentes. Por un lado, el Cecopi, el órgano de coordinación de las emergencias que se convocó a las 17 horas pese a la existencia de avisos de Aemet, por ejemplo, desde jornadas anteriores y primeras horas de la emergencia. La jueza ha preguntado con insistencia quién ordenó el envío del ya famoso SMS. La cuestión reside en concretar quién tenía la obligación de actuar y no lo hizo, otro de los requisitos del delito.

La contestación de Emergencias –sin ser excesivamente clara con la decisión– afirmaba que al frente del dispositivo estaba la consellera y que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, formaba parte del comité de dirección. Otro de los requisitos del tipo es tener una posición de garante, es decir, una relación especial entre el o los responsables y los perjudicados. En este caso, una administración encargada de las emergencias parece evidente que tiene el deber de proteger a los ciudadanos.

En ese Cecopi, sin embargo, hay circunstancias que invitan a la sospecha. Por un lado, el retraso en el envío del mensaje y la supuesta llegada de «alguna autoridad», según la magistrada. Diferentes testimonios, incluso imágenes, constatan la llegada del presidente a la sede. Y, al parecer, el SMS no se envió hasta que Mazón llegó al puesto de mando. La consellera tenía las competencias para enviar el mensaje. Pudo hacerlo de manera personal y directa. Pero, ¿y si Mazón le dijo que se esperara?, o si ella, por su propia iniciativa y ante el caos que se vivía en aquel momento, quedó paralizada y sin capacidad de respuesta. Una de las diligencias para aclarar lo que se vivió aquella tarde puede ser conocer el número de llamadas telefónicas entre ambos dirigentes. De igual modo, esto permitiría arrojar algo de luz a la confusión que existe acerca de qué hizo el presidente después de la comida en El Ventorro hasta que llegó a la sede de Emergencias.

Pero estamos en esa fase de documentación. La próxima consistirá en la declaración de Pradas, una comparecencia que puede ser determinante. No todo el mundo reacciona de igual manera ante una eventual imputación, con toda la presión que esto conlleva. La comparecencia de Emilio Argüeso, el que fuera secretario autonómico de Emergencias, también puede generar otro pequeño terremoto.

No es la única Administración señalada. En la toma de decisiones influye de manera capital la información de la que uno dispone. El resultado de la omisión «no sería previsible» si no se conoce la magnitud del peligro. La Generalitat ha denunciado en este punto el apagón informativo que se vivió durante unas dos horas en las que no se recibió ningún mensaje de correo electrónico por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el caudal del barranco del Poyo. El organismo, en cambio, sostiene que seguía enviando todos los datos a través de un sistema automático y que, además, es competencia de la Generalitat avisar del desbordamiento de los barrancos. De momento no ha solicitado un listado de las obras que llevaban pendientes años y que también, quizá, hubieran evitado el fatal desenlace al canalizar el caudal sobrante del Poyo. La jueza ya dispone de un organigrama de la CHJ, con Miguel Polo a la cabeza.

De igual modo, la titular ha encargado diligencias a Aemet para conocer todos los avisos que se enviaron al igual que un informe genérico al 112 para averiguar el número de llamadas, si se produjo saturación del servicio y desde qué hora comenzaron a percibir que no era un día más en la atención telefónica. Además, la jueza ha encargado una valoración forense de los familiares de las víctimas mortales que han sufrido daños psicológicos.

La causa amenaza con ser inabarcable. Cinco fiscales se dedican de manera parcial al caso. El TSJ aprobó ayer elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para reforzar el citado juzgado. Un juez durante seis meses que permita a la titular encargarse de la tragedia. También se reclamará otro letrado de la Administración de Justicia y la llegada de dos funcionarios al juzgado. Todo parece escaso para un caso de esta envergadura.