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El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha bloqueado la pretensión del ejecutivo valenciano de crear una red sísmica propia al margen de la estatal. El alto órgano consultivo de la Generalitat ha emitido un duro dictamen sobre el proyecto de ley de información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) que ayer inició su tramitación parlamentaria con el trámite de participación pública.
El CJC ha formulado tres observaciones esenciales en el informe preceptivo a la ley, además de advertir al Consell de que la nueva norma está invadiendo competencias estatales, municipales y de otras áreas autonómicas.
El anteproyecto de ley de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio está impulsado por el director del ICV, Xavier Navarro, militante del Bloc, uno de los partidos que integra la coalición Compromís.
Una de las observaciones esenciales se refiere a la creación de una red sísmica valenciana. El dictamen recuerda que el Instituto Geográfico Nacional ya cuenta con un sistema propio. Recrimina al Institut que no incluya un informe técnico que justifique la necesidad de crear una duplicidad de funciones entre el organismo autonómico y el estatal y le advierte de que está sobrepasando las competencias del Consell.
Competencias estatales El Consell Jurídic advierte de que ya existe una red sísmica estatal y que la ley crea duplicidades.
Denominación El Consell recuerda que la denominación de la autonomía es Comunitat Valenciana y no València.
Topónimos El CJC recuerda que es la Acadèmia Valenciana de la Llengua quien fija la onomástica oficial y no el ICV.
Sin informe Otra de las observaciones es que no hay informe económico que justifique la ampliación de funciones.
El ICV acoge esta petición y en la redacción del proyecto de ley que aprobó el Consell y que ahora se encuentra en Les Corts ya no se incluye la creación de la red.
La segunda observación esencial, también corregida en el texto definitivo, advierte de la suplantación de las competencias de la Acadèmia Valenciana de la Lengua. El Jurídic recuerda al Institut que es competencia de la AVL fijar lingüísticamente los topónimos valencianos y la onomástica oficial, «mientras que el anteproyecto sometido a consulta transforma dicho régimen en otro alternativo por el que la Acadèmia Valenciana de la Llengua en lugar de ser el ente que fija las formas lingüísticamente correctas, redacta un informe pronunciándose sobre la materia y siendo el Institut Cartogràfic quien propone la aprobación del Nomenclator».
La tercera observación esencial del Jurídic se refiere al artículo 31 del anteproyecto en dos aspectos. Por un lado, indica que se debe utilizar 'Comunitat Valenciana' en el texto de la ley, rechazando el uso «ambiguo» del término 'Valencia' que se desprende de las comunicaciones e informes del ICV.
Por otro, insta a modificar el apartado 3, en el que el ICV se arroga competencias estatales al erigirse en la institución que coordina a otras administraciones que quieran desplegar estaciones geodésicas en la Comunitat. Según se desprenden del dictamen, el texto «implica una auténtica inversión de los mecanismos de coordinación de las actividades cartográficas que de ser garantizada a partir de la normativa estatal básica, pasa a ser condicionada, evaluada y exigida por la comunidad autónoma».
El Institut Cartogràfic acepta las observaciones esenciales del Jurídic, pero evita incorporar otras recomendaciones. Así, el CJC recuerda que se puede estar suplantando competencias municipales y de la conselleria de administración local cuando el Cartogràfic se arroga la fijación de los límites territoriales, una función que para el alto órgano es «una competencia expansiva en materia territorial».
El Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad de la ley. El diputado del PP Víctor Soler explicó que el proyecto de norma «no mejora en nada a la actual» y denunció que tras ella se esconde «mucha ideología». Indicó que en un primer momento tenían la intención de presentar enmiendas parciales, «pero tras estudiarla hemos visto que se trata de un despropósito. No compartimos el espíritu», resaltó.
Para Soler, la ley «quiere copiar lo se está haciendo en Cataluña». El parlamentario popular se refirió así a la ley de creación del Instituto Cartográfico de Cataluña que fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional.
En la sentencia el alto tribunal, como recuerda el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, reconoce que las comunidades autónomas pueden regular la actividad cartográfica, «pero implica que el Estado continúa teniendo competencias en la materia, teniendo en cuenta su carácter instrumental».
El diputado popular hizo hincapié en que la nueva ley se dedica a arrogarse competencias que tiene el Estado y a crear duplicidades como en el caso de la creación de una red sísmica propia: «Se dedica a replicar competencias que ya existen», sostuvo. «Además, asume funciones que corresponden a los ayuntamientos y a otros departamentos de la administración autonómica», resaltó.
Resaltó que el Consell Jurídic ha realizado tres observaciones esenciales a la ley. El diputado popular también mostró su extrañeza por el hecho de que el ejecutivo promoviera esta nueva normativa que no viene a solventar ningún problema real.
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