Juristas y víctimas denuncian falta de medios y piden que se investiguen los errores sobre el caso de Sueca

Según el Tribunal Superior de Justicia, ninguno de los cónyuges informó al juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos y de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sueca que fijaba antes la custodia del menor a favor de la madre y suspendía el régimen de visitas para el padre. Pero para los juristas esa no era responsabilidad de los involucrados sino de los propios juzgados. 

«Es evidente que ha habido un problema de coordinación entre juzgados, y que se podría haber solucionado si hubiera funcionado, esto denota que hacen falta medios tanto personales como materiales que nos permitan conocer toda la historia de una pareja o de cualquiera», añade la fiscal Gisbert. 

El magistrado Joaquim Bosch comenta que al haber varios procedimientos diferentes los padres han provocado el incumplimiento de esa suspensión del régimen de visitas sin que se haya detectado por el juzgado. Y ahí está la gravedad del asunto. ¿Por qué no se detectó?

«Hay que aclarar qué es lo que ha pasado con ese baile de procedimientos y ver si ha podido haber algún fallo, es un caso excepcional pero es tremendamente grave con lo cual no basta que sea un caso puntual como para no cuestionarlo, sino al contrario, se debe  investigar si hay problemas de coordinación institucional para corregirla porque a veces esto se puede resolver con medios», comenta el magistrado.  

Con instrumentos informáticos o tecnológicos que activan alertas cuando hay algún intento anómalo de modificar una suspensión de régimen de visitas se podría haber detectado, según asegura Bosch, que reclama la necesidad de actuar en dos niveles; por un lado de tecnológico, de coordinación, de control de cumplimiento de las medidas.»Hay que ver a nivel informático como se controlan mejor esas situaciones», dice. Y por otro lado está el cómo se prevén los riesgos y pide mejorar esos instrumentos. 

«Es un problema más general, hacen falta más instrumentos de valoración forense, la ley integral hizo una previsión de unidades de valoración integral, formadas por médicos forenses, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales y mi impresión es que necesitan más medios, más recursos para que no todo el riesgo sea detectado por instrumentos básicos como de tipo informático, eso es insuficiente», reconoce el magistrado.

Y en esto coinciden precisamente las propias víctimas que desde la Asociación Alanna denuncian que llevan años pidiendo que se realicen de manera más exhaustiva esas valoraciones de riesgo porque insisten en que un maltratador nunca es un buen padre.

«Años pidiendo que protejan a nuestras criaturas y lo que exigimos ahora es responsabilidad a las instituciones. Todos son cómplices», aseguran tajantes. Desde esta asociación contra el maltrato tienen claro que se trata de un fallo de la administración y que son los responsables. «Se ha asesinado al hijo de una de nosotras, es un asesinato machista, por ley el niño también es víctima. Esta criatura no ha sido protegida y un progenitor no debe ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Basta ya».

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha reconocido en declaraciones a este diario que «ha habido una falta de coordinación», algo que se podría evitar si hubiera una integración de los sistemas informáticos que fuera de manera inmediata.

Para Carmona, es algo que «no puede volver a ocurrir». Por ello, desde el propio Observatorio se viene exigiendo una mejora en los sistemas de gestión procesal a nivel informático. «Se trata de un fallo más de la administración, no es un error judicial, sino a una falta de información de la situación procesal del presunto autor de los hechos debido a un defecto en la falta de integración de los sistemas de gestión procesales que ha provocado que los órganos judiciales no tuvieran todos los datos», añade.

«Ni el fiscal ni el abogado de la acusación particular han aportado esta información y desconocemos las circunstancias que han podido provocar esta falta de coordinación», reconocía Carmona.