La justicia avala la subida de horas en la ESO al rechazar el recurso de los profesores

El auto judicial, emitido a principios del pasado mes, avala la decisión del departamento autonómico de rectificar una de las últimas medidas del equipo del Botánico, que optó por reducir en dos sesiones semanales el horario del alumnado de 1º, 2º y 3º para cumplir con varias sentencias que tumbaron la obligatoriedad de la asignatura Proyectos Interdisciplinarios (P. I.). Además, implica que la administración autonómica gana la primera de varias batallas que tendrá que librar en los tribunales, atendiendo a las declaraciones de intenciones que han trasladado los partidos de la oposición sobre las últimas decisiones legislativas del Consell.

Poco después de acabado el curso anterior, el TSJCV emitió varias sentencias derivadas de recursos del Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE) y los sindicatos ANPE CV, UGT PV y CSIF CV. En todas ellas se determinó que los anteriores gestores se excedieron al decidir que P. I. sería una materia obligatoria, con dos horas de clase a la semana, teniendo en cuenta que la normativa básica, la Lomloe, no la imponía, sino que la planteaba como optativa. En la Comunitat tuvo esta consideración opcional desde que se creó en el curso 2018-2019, aunque de cara al 2022-2023 el Botánico, con los desarrollos normativos para aplicar la también llamada Ley Celaá, aprovechó para darle carácter obligatorio. El tribunal defendía además que con esta decisión se lesionaba la autonomía pedagógica de los centros, por lo que se anuló esta disposición.

Cuando se conocieron los fallos las plantillas docentes para el nuevo curso ya estaban decididas (incluyendo los recursos humanos para asumir la carga horaria de P.I.), por lo que se decidió, a través de una instrucción del anterior secretario autonómico, mantener los docentes previstos, pasar la materia al conjunto de optativas (de las que el alumnado elegía una) y reducir en dos horas semanales la carga lectiva del alumnado, el hueco dejado al decaer la obligatoriedad. Y cada centro decidía qué hacer con las horas docentes liberadas por ello.

Tras el cambio político en el Consell el departamento rectificó esta decisión con la resolución del 28 de agosto y recuperó las dos horas perdidas. En 1º los centros debían dedicarlas a dar una sesión más de Matemáticas e Inglés, siempre que el profesorado especialista de estas materias pudiera asumirlas y no implicara un incremento de su jornada. Si no era factible, se tenían que dedicar al Plan de Actuación para la Mejora (PAM), que abarca un conjunto de medidas, como refuerzos para el estudiantado, talleres de profundización de contenidos, proyectos o actividades de fomento de la lectura. Para 2º y 3º las dos sesiones se han destinado, sí o sí, a cubrir iniciativas incluidas en el PAM.

Contra esta última resolución el STEPV presentó un incidente de ejecución de sentencia pidiendo su nulidad. Se alegaba, según el auto, que ha supuesto «un reajuste de los horarios ya conveniados para el curso 2023-2024, que no ha sido objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente» y que implica «una carga adicional de horario y dedicación lectiva para el profesorado de Matemáticas, Lengua Extranjera y del PAM». La Abogacía de la Generalitat, por su parte, se opuso a la petición, presentando un informe del director general de Ordenación Académica y alegando que la resolución servía para aplicar las sentencias previas «sin variar las condiciones laborales del profesorado».

«En la regulación contenida en la resolución del 28 de agosto no aparece ningún contenido ilegal», dice la sala en el auto que desestima la petición sindical. «Difícilmente se puede admitir vulneración de derechos cuando de lo que se trata es de respetar una sentencia en aplicación de la regulación estatal sobre la asignatura Proyectos Interdisciplinarios», continúa, antes de poner el foco en que la conselleria «no está constreñida por el deber de negociación en una supuesta mesa sectorial» cuando debe cumplir una resolución judicial.

«Es lógico que los horarios tienen que cambiar al desaparecer como obligatoria la asignatura, y no se pueden condicionar a que las centrales sindicales den su aprobación, máxime cuando se trata de cuestiones organizativas que pertenecen al ámbito de la dirección de los centros educativos», se añade, antes de incidir en que la instrucción sólo tiene efectos para el curso actual y que se respeta «la autonomía pedagógica y organizativa de los centros y su jornada de trabajo, que sufre un relativo reajuste en cuanto al horario como consecuencia de la anulación (de la materia)».

La disposición avalada por el TSJCV sólo tendrá un año de vigencia, ya que para el curso que viene se debe aplicar la nueva organización de la ESO diseñada por el PP. Lógicamente se consolida la optatividad de P. I, y se regula con mayor precisión cómo se cubre el hueco dejado. Básicamente se consolida el aumento de Matemáticas e Inglés, aunque también se aprovecha para reducir, en alguno de los niveles, la carga horaria semanal de los alumnos, que resulta incluso excesiva.

Desde el sindicato UGT PV también se promovió un incidente de ejecución similar, que si no se ha resuelto ya acabará desestimado, como el del STEPV. Además, sobrevuelan otros frentes judiciales contras las nuevas políticas educativas del Consell. Por ejemplo, desde Compromís se ha anunciado un recurso contra el decreto de admisión de alumnos que recupera el distrito único, si bien todavía no se ha publicado. Y la secretaria general del PSPV y ministra de Universidades, Diana Morant, dijo a finales de mes, en una entrevista en À Punt, que el Gobierno estudiaría recurrir al Constitucional la futura ley por la que se regula la libertad educativa, que de momento no es más que una proposición que acaba de iniciar su andadura parlamentaria. En resumen, la judicialización seguirá siendo protagonista en materia de enseñanza.