Justicia recupera el análisis de ADN para evitar demoras de tres meses al resolver crímenes

Desde hace siete años los forenses que trabajan en Valencia no pueden analizar ADN de investigaciones criminales en la Comunitat. Las pruebas son enviadas a Barcelona desde el Instituto de Medicina Legal y hay que esperar a que lleguen los resultados. Esta situación, debida a la falta de una acreditación oficial, está a punto de cambiar, lo que conllevará una mayor agilidad para las investigaciones y acabará con los tiempos de espera de hasta tres meses en la recepción de los citados cotejos o averiguaciones forenses. La Conselleria de Justicia confía en poder tener resuelto este viejo lastre a principios de 2020.

Los problemáticos envíos a Barcelona, sede de uno de los departamentos del Instituto Nacional de Toxicología en España, se remontan a 2012. Antes de esa fecha los análisis genéticos de asuntos penales pudieron hacerse en Valencia con rapidez, como informaron en su día fuentes del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia. Pero sobrevino un cambio legal respecto al funcionamiento de los laboratorios forenses que exigía una acreditación oficial para que sus resultados gozaran de validez. La Comunitat perdió la capacidad de análisis de pruebas criminales. No así las de casos civiles (pruebas de parentesco), que sí pueden realizarse.

Meses después hubo un bache añadido: el analizador genético se estropeó y entró en un periodo de desuso absoluto. Pero resucitó tras una reparación en 2014 y el laboratorio siguió con esa operatividad a medias por imperativo legal: casos civiles analizados en Valencia con cierta agilidad y asuntos criminales con destino a Barcelona.

Para la homologación del laboratorio de ADN en casos penales era imprescindible realizar un pliego de prescripciones técnicas con el fin de adjudicar un contrato de servicio de asesoría técnica para el instituto. También licitar y contratar un servicio de mantenimiento del analizador. Al tratarse de una licitación europea, el trámite administrativo se demoró varios meses y el pliego no pudo cerrarse hasta 2016.

Pero no fue el único problema. Según la Generalitat, «entonces comenzó el proceso de acreditación, que realiza la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), representante español de la European co-operation for Accreditation (EA)». Preparar la documentación para que el laboratorio de genética se acredite según la norma europea ha sido un trabajo laborioso y complejo. Los profesionales del IML han tenido que repartir su tiempo entre autopsias y otros análisis forenses y la enmarañada 'guerra' documental y administrativa para demostrar que su laboratorio de ADN puede funcionar según los requisitos legales.

Al fin se empieza a ver la luz al final del túnel. «El laboratorio está en marcha», tranquiliza la Conselleria de Justicia. «Está siendo un proceso largo que requiere una inversión importante que se ha realizado este año con la compra de aparataje muy específico». Uno de los últimos pasos es la inversión en personal. Está pendiente la creación de una plaza de un facultativo del cuerpo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El siguiente paso es solicitarla a Hacienda.

Como indicaron fuentes de la conselleria, con el envío de pruebas a Barcelona se tarda unos tres meses en obtener los resultados. Ese tiempo ha sido mayor en años anteriores ante el volumen de trabajo que tenían que asumir los forenses en Barcelona, pues a los envíos de ADN desde la Comunitat se sumaban los propios de Cataluña y los de Aragón, entre otros. El aluvión de solicitudes de comprobación de ADN hizo necesario un refuerzo de personal.

Elvira Garrido, directora del IML, valora así el horizonte de realizar las pruebas genéticas criminales en Valencia: «Al tener menos volumen de trabajo que en Barcelona, tardaremos menos tiempo. Podremos dar resultados antes a los juzgados y agilizar investigaciones. Tanto en saber si un objeto contiene restos relevantes para la investigación como en la comparación entre una muestra obtenida y la de un sospechoso».