Justicia sigue sin informar de las muertes anotadas en los registros civiles

La cifra más aproximada sobre la mortalidad de la pandemia se encuentra en los registros civiles porque también recogen los fallecimientos fuera de los hospitales. No es un dato superficial, ni anecdótico. Conocer con exactitud el número de víctimas resulta capital para delimitar la afectación de la pandemia.

La alarma saltó en su día con un informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que multiplicaba los decesos contabilizados hasta la fecha por las autoridades gubernativas. Este dosier se confeccionó por un expediente gubernativo abierto por orden del propio presidente del TSJ.

La presión sobre el resto de órganos para que facilitaran esos mismos datos se incrementó de manera exponencial. El TSJ de la Comunitat, por ejemplo, no ha informado de los decesos anotados en sus respectivos registros. Tampoco la presidenta, Pilar de la Oliva, ha encargado un expediente similar al de su homólogo en Castilla. Vox es el único partido que por el momento se lo ha reclamado de manera expresa.

El Ministerio de Justicia, de quien dependen estos órganos pese a estar controlados por jueces, tomó la iniciativa y envió una instrucción a los registros para que enviaran cada día por correo electrónico sus datos de registros de fallecimiento. Y esto pese a que más del 90% de los departamentos ya estaban conectados a un sistema informático que permite conocer los datos. Pero, tal y como indicó un portavoz del ministerio, se quería cuantificar también otros registros de poblaciones menores que no están integrados telemáticamente.

Esta instrucción -unos días más tarde se cambió el método al haberse colapsado el correo electrónico- se tramitó la primera semana de abril. Finalizado el mes, todavía no se han facilitado los datos. «No hay fecha prevista», admitieron hace unos días desde el ministerio.

Resulta difícil explicar el retraso de Justicia para facilitar la información. El inicio de la pandemia permite ya tener un periodo de mes y medio de análisis. Tampoco parece una operación de gran complejidad sumar las muertes de todos los registros hasta una fecha determinada.

Las comunidades sólo contabilizan como fallecidos por Covid-19 a las personas que hayan dado positivo en un análisis, pero únicamente un porcentaje de los muertos ha podido someterse a estas pruebas ante la falta de test, y además, tampoco se han podido realizar autopsias por la escasez de forenses y por el temor al contagio.

Sólo un dato permite intuir la importancia de esta información. El Registro Civil de Valencia sí facilitó datos sobre sus inscripciones. Lo hizo en un periodo relativamente corto, del 14 de marzo al 7 de abril. Pues bien, en ese margen se registraron 226 víctimas mortales en las que la causa era el Covid-19. Ahora bien, en otros 65 decesos se anotó el virus como posible explicación a la muerte. Es decir, casos sospechosos del coronavirus. El total de muertes ascendió a 801.

El análisis de estas estadísticas -sólo pertenecen a la ciudad de Valencia- ofrece algunas conclusiones relevantes. En esa franja temporal, el 28% de todas las muertes en la ciudad tenían su origen en el desarrollo del virus. Más de uno de cada cuatro fallecimientos. Pero, además, este porcentaje aumentaría al 36% si consideramos como probados los casos sospechosos o que no han sido analizados. Jueces de registros civiles valencianos ya habían planteado al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la sospecha de estas bolsa oculta de muertos.