Las 32.000 causas pendientes de la Justicia

En verano, calor y en invierno, frío. Faltan grapadoras, estanterías, espacios y seguridad. Edificios dispersos y en mal estado de conservación. Estas son algunas de las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores de la administración de Justicia, tal y como recoge en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) de 2019.

Pasan los años y la situación no parece mejorar. Las demandas se repiten. Sigue faltando personal y nuevos órganos judiciales. Además, los prometidos no terminan de entrar en funcionamiento y las causas se acumulan. Se arrastran 12.244 del año pasado, cantidad a la que hay que sumar los cerca de 20.000 juicios que se han tenido que suspender durante la pandemia. De esta forma el sistema judicial comenzará el nuevo curso con más de 32.000 asuntos pendientes

La situación es tan grave que según el presidente de la sección de Justicia del CSIF en la Comunitat, Arturo Losada, amenaza con un «colapso». La propia presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, reconoce en la memoria que la creación de los nuevos juzgados es «insuficiente» para atender las nuevas necesidades.

De la Oliva también señala que «la entrada masiva de demandas relativas a las conocidas como 'cláusulas suelo'» continúa aportando una carga de trabajo una muy elevada.

Según la memoria, en estos momentos las necesidades de la Justicia valenciana se concretan en la creación de 46 juzgados de diferente tipo, dos registros civiles, ambos en Alicante, y de otras 27 plazas de magistrado.

Para reducir la carga de trabajo de los jueces habría que crear once nuevos juzgados de primera instancia e instrucción en la provincia de Valencia, otros dos en la de Alicante y tres más en la de Castellón.

Además, se precisan otros cinco juzgados de primera instancia en la provincia de Alicante y seis en la de Valencia más uno de instrucción en Torrent.

Las carencias se extienden a los juzgados de lo Penal de los que tendrían que crearse uno más en cada provincia, además de uno dedicado expresamente a menores en Alicante.

El incremento de los contenciosos administrativos obliga a poner en marcha dos nuevos juzgados en la provincia de Alicante (el quinto en Alicante y el segundo de Elche) y el tercero de Castellón.

Las salas de los social están especialmente saturadas y tendrían que dotarse nuevos juzgados en Benidorm, Elda, Castellón y otros cuatro en Valencia. Castellón también necesita uno de vigilancia penitenciaria.

La importancia que han venido adquiriendo durante los últimos años aspectos como las 'cláusulas suelo' han incrementado el trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil. De esta forma es necesaria la puesta en marcha de uno más en cada una de las tres provincias.

Al mismo tiempo el documento advierte que habría que crear nuevas plazas de magistrado, 27 en total. La memoria de 2019 pone de relieve que la Comunitat sigue estando por debajo de la media española en el número de magistrados y jueces. Frente a los 11,4 por cada cien mil habitantes en España, la autonomía cuenta con 11,3 muy lejos de Asturias donde la tasa es de 15,3.

Dos de las plazas que se reclaman serían para la sala civil y penal del TSJ para que la sección de apelación pueda contar con tres miembros. También se ha solicitado la creación de otras tres en la sala de lo contencioso administrativo del TSJ y otra más para lo social.

Las tres audiencias provinciales también tienen sus propias necesidades. La de Valencia precisa de once magistrados, la de Alicante, de seis y la de Castellón, de cuatro para crear la sección cuarta de lo civil.

En este sentido, Losada denuncia la carga de trabajo y pidió un incremento de la plantilla «No se puede seguir con los parches, con la política de refuerzos. Son necesarios más funcionarios», aseguró Losada que recordó que desde 2012 se han ido perdiendo plazas. Llamó la atención sobre la situación en Nules o la sobrecarga de trabajo en los juzgados de lo penal y mercantil. «La justicia es un servicio básico, como lo es la sanidad, y no lo podemos dejar para cuando haya presupuesto», sentenció.

También desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) criticaron la situación en la Comunitat. Su portavoz, Marta Hurtado, abogó por cambiar la ley para crear los tribunales de instancia para asuntos más complejos y tribunales de base. También apostó por potenciar la justicia digital.

Pero las necesidades no son sólo de planta. En muchas ocasiones los funcionarios se enfrentan a graves carencias de orden material. Edificios en mal estado, separados y de difícil acceso, paredes sin pintar, goteras, falta de espacio son algunas de las quejas más comunes que relatan los decanos de los diversos partidos judiciales.

El mal estado de los edificios afecta hasta a la sede del TSJ en Valencia. La reforma no estará terminada hasta mediados de 2024, tras varios retrasos y una inversión de 24 millones. Mientras, el edificio languidece a la espera de que se inicien los trabajos.

Una de las principales carencias es la dispersión de las sedes judiciales que es «inoperante» e incompatible con una Justicia moderna al servicio de los ciudadanos», según De la Oliva. La situación es especialmente llamativa en Alicante donde están repartidos en seis sedes tras veinte años esperando una ciudad de la justicia.

Otra de las demandas más comunes es una conexión segura y fiable a internet así como un sistema ágil que permita realizar las gestiones con rapidez. Las quejas cobre el programa 'Cicerone' son frecuentes.

En Elda no hay calabozo y en Torrevieja no disponen de cámara Gesell (para casos de abusos) o el juzgado de guardia no tiene dependencias. En Villena hay goteras, las ventanas no cierran bien y si llueve se mojan.

La Ciudad de la Justicia de Castellón se ha quedado pequeña. En Vila-real un incidente en febrero de 2019 reveló la falta de seguridad. El juez de guardia y los funcionarios tuvieron que refugiarse en la comisaría para seguir con las diligencia ante el asedio al edificio por un CDR.

La dispersión de sedes judiciales es especialmente llamativa en Llíria, Torrent, Ontinyent y Alzira. Algunas necesidades son menos prosaicas. La falta de espacio para archivos obliga a ocupar pasillos y otras zonas de paso y en algunos juzgados hay que sustituir el mobiliario,

Otra de las deficiencias que se repite es el mal funcionamiento de la calefacción o refrigeración. Los funcionarios llegan a poner calefactores en invierno y en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Castellón han estado trabajando a 32 grados.