La justicia valenciana disminuye los asuntos pendientes durante la pandemia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha presidido hoy el acto de apertura del año judicial en las instalaciones del alto tribunal valenciano y ha centrado su discurso en la situación vivida en los juzgados y tribunales durante la pandemia.

Tras agradecer el gran esfuerzo realizado por la Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, De la Oliva ha recordado que con la ayuda de los medios telemáticos y la colaboración de las instituciones afectadas, «en la medida de lo posible evitamos el traslado de los detenidos a los juzgados de guardia».

También ha destacado la gran labor de la Conselleria de Justicia, que dotó de unos 600 ordenadores portátiles a jueces, magistrados y letrados, y repartió 1.100.000 mascarillas quirúrgicas el año pasado entre el personal que presta servicio en las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

De la Oliva ha asegurado que se han practicado más de 20.000 actuaciones telemáticas y que el sistema Webex se incorporó a las deliberaciones de los órganos colegiados. Ello ha dado como resultado una disminución de la pendencia, así como una bajada en los tiempos de respuesta en esos órganos, en aquéllos procedimientos que no exigen la celebración de vista.

Por ejemplo, la Sala de lo Social, con una pendencia de más de 3.000 asuntos en 2019, finalizó 2020 con unos 1.500 asuntos pendientes, lo que supone una disminución del 50%. Otra Sala, la Contencioso-Administrativo, con una pendencia de más de 9.000 asuntos en 2019, finalizó el pasado ejercicio con algo más de 7.000 asuntos.

Además, en este contexto, De la Oliva ha querido destacar el Civil papel de los Registros civiles, «pieza fundamental» en este periodo de crisis sanitaria. «A fin de garantizar los servicios mínimos esenciales, en algunos Juzgados de Paz, cerrados por falta de personal, las competencias en la materia tuvieron que ser asumidas, con carácter urgente, por el Encargado del Registro Civil cabeza del partido judicial correspondiente», ha dicho.

También ha subrayado el refuerzo efectuado en la jurisdicción Social: En Valencia se adscribió durante seis meses a 10 jueces de la 70 promoción a los que se les asignaron unos 2.000 asuntos en materia de despido y alrededor de 2.400 del resto de materias. Y las medidas adoptadas para agilizar procedimientos en materia Mercantil y en los Juzgados de Capacidad.

Sin embargo, ha reclamado refuerzos para los juzgados de primera instancia de Torrevieja, Novelda, Requena y Llíria. "Sería oportuno que pudieran enviarse equipos de asignación dinámica para proveer los escritos pendientes y dejarlos en condiciones óptimas para seguir su curso. Esperemos que en un futuro no lejano puedan llevarse a la práctica, pues hoy estas medidas están reservadas para la jurisdicción mercantil, social y contencioso-administrativa", ha señalado.

Al acto han acudido el presidente de Les Corts, Enric Morera, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la fiscal superior del tribunal valenciano, Teresa Gisbert, entre otras autoridades.

Tras destacar también la complicada situación generada por la pandemia, Gisbert ha manifestado que han aprendido «muchas cosas» como el teletrabajo, y ha destacado la utilidad de las videoconferencias para celebrar juicios y reuniones.

La fiscal superior del TSJCV ha apuntado que la Sala de lo Civil y Penal incoó el pasado ejercicio un total de 330 procedimientos penales frente a los 299 del año anterior, lo que supone un aumento del 10.37%, de los cuales, 67 fueron contra aforados frente a los 81 del año pasado. De ellos, 54 eran contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados. De ellos, 54 eran contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados.

Además, se han registrados dos denuncias, cuatro querellas y una exposición razonada contra el Gobierno valenciano, contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, fundamentalmente relacionadas con la gestión de la pandemia que, de conformidad con el criterio e informe de la Fiscalía Superior, fueron desestimadas y archivadas por el TSJCV.

La fiscal superior ha querido subrayar dos áreas importantes: la relativa a violencia de género y a los delitos de odio. Respecto de la primera, ha lamentado que el estado de alarma haya incidido negativamente en las víctimas, "sometidas a mayor presión y control por su pareja por el confinamiento".

En cuanto a los delitos de odio, ha aseverado que "todas las crisis se ceban sobre los más vulnerables y las víctimas de los delitos de odio están entre ellos". "En este caso el papel del ministerio fiscal es importante en la defensa de las personas más vulnerables", ha apostillado.

Por otro lado, en materia de siniestralidad laboral únicamente hubo un fallecido en 2020 en Alicante; y en medio ambiente y urbanismo hubo en su momento problemas por el tratamiento de residuos sanitarios relacionados con la Covid aunque con la colaboración del Seprona no se llegó a iniciar ningún procedimiento.

Por último, desde el ministerio fiscal se ha hecho especial hincapié en materia civil para proteger a las personas más vulnerables y ha subrayado la reducción de los asuntos en materia contencioso-administrativo.

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