Un juzgado de Valencia abre diligencias contra la CHJ y Aemet por la gestión de la DANA

En el auto, fechado el pasado 12 de noviembre, conforme a las normas de reparto del Decanato de la capital valenciana, el juez ha acordado inhibirse del conocimiento de los hechos en favor del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, pues este órgano fue el primero en Valencia en abrir diligencias previas por el fallecimiento de una persona a causa de las inundaciones en el área metropolitana.

Esta denuncia se une a las que ya se han presentado contra diversos responsables políticos. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por un particular contra la inactividad de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia de Seguridad durante el día en el que se produjeron las inundaciones.

Pero estas no han sido las únicas diligencias abiertas por la gestión de la DANA. Se trata de una estrategia cada vez más recurrente en el panorama político español que partidos y asociaciones acudan a los tribunales denunciando comportamientos de las diversas instituciones. Sólo hay que ver lo sucedido durante la pasada pandemia.

De esta forma, los tribunales han recibido cinco querellas penales y tres denuncias administrativas por la DANA hasta ahora. Según fuentes oficiales, el Supremo ha registrado ya cinco escritos de diferentes entidades y particulares y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tres, cuatro con la nueva de Manos Limpias.

En la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal se han presentado querellas de Vox, el pseudosindicato Manos Limpias, el partido antisistema Iustitia Europa y un particular, Manuel Romeral Frías, presidente de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Estas acciones penales se dirigen contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la titular de Defensa Margarita Robles y la de Transición Ecológica Teresa Ribera.

A todos los implicados se les está acusando de negligencia en el cumplimiento de sus funciones que por acción u omisión han podido originar la muerte de más de 200 personas. Los delitos genéricos que se incluyen en estas querellas contra los aforados son homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro.

Algunos de estas denuncias apuntan también a otros cargos intermedios de la administración central como son la subsecretaría del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo; a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo; y a su homólogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. El punto central de todos estos escritos es la supuesta negligencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber declarado la situación de emergencia nacional.

Por otro lado, el abogado valenciano Curro Nicolau ha registrado en el Supremo una demanda contra las decisiones del Gobierno en lo referente a la DANA. En concreto, el también empresario ha señalado en su escrito la supuesta inactividad de la administración central. Su demanda ha sido admitida a trámite (salvo errores de forma y es una decisión automática de la Sala) y se ha reclamado a la administración regional, como primer paso, que entregue para su examen los expedientes en los que se detalla el proceso de toma de decisiones vinculado a la gestión de la emergencia.

También se presentó otra demanda de un recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales por parte de la asociación Liberum, un colectivo de claro perfil político. Su escrito ante el TSJ se dirigió contra la Delegación del Gobierno en Valencia por su actuación «imprudente» en la riada y el demandante reclamó medidas cautelarísimas al tribunal superior para asegurar «una intervención inmediata a fin de evitar mayores a la población afectada». El TSJCV respondió que no tiene competencia al ser el Supremo el órgano competente.

El TSJ también ha registrado la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por delitos de homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y prevaricación. También reclama eliminar la agenda 2030 y el final de la OTAN, El escrito indica que Mazón ha realizado un «abandono absoluto» en la gestión de la emergencia y detalla lo que considera una «cadena de fallos y omisiones flagrantes». Además, apunta a que el PP ignoró la gravedad de la DANA y, como consecuencia, las posibilidades existentes de preparar la emergencia.