El juzgado deja en manos del TSJ la denuncia contra Barceló por el contagio de sanitarios

El frente judicial abierto contra la Conselleria de Sanidad dio ayer un nuevo paso con el traslado de la demanda del CSIF al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y su admisión a trámite.

La titular del juzgado de instrucción número dos de Valencia ha emitido un auto en el que se acuerda la remisión del caso al TSJ al implicar la demanda a un aforado, en este caso la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

La decisión de la magistrada se basa en la recomendación de la fiscalía que ha admitido a trámite la demanda de CSIF en la que denuncia que la falta de material de protección para el personal sanitario durante la pandemia puede ser constitutiva de varios delitos.

El escrito de la jueza, que en ningún momento se refiere al fondo de la cuestión, señala que la demanda no concreta quiénes son los responsables, «pero a todas luces parece evidente que se está refiriendo a la máxima autoridad como es la consellera y de manera indirecta a sus más estrechos colaboradores».

Ante ello la magistrada considera conveniente «acordar la remisión de esta causa en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia por ser competentes para la instrucción de estas actuaciones».

Desde los servicios jurídicos del sindicato CSIF, Mario Martín explicó que la decisión de la jueza y del fiscal indican «que de forma indiciaria se aprecia que puede existir la comisión de un delito».

En concreto, en la demanda del sindicato se señala que la falta de este material de protección puede ser constitutivo de un delito de prevaricación por omisión, de otro continuado contra los derechos de los trabajadores y por lesiones y homicidios por los contagios y enfermedades contraídas por los sanitarios durante estos meses a consecuencia del Covid-19.

La fiscalía ha admitido a trámite la demanda del sindicato y en un escrito dirigido a la jueza advirtió de que al dirigirse la denuncia contra una persona aforada, el órgano competente para investigarla sería el tribunal superior de justicia, algo que ha acordado la jueza.

En su escrito, el fiscal delegado de siniestralidad laboral , que tampoco aborda el fondo de la causa, señala que en la denuncia el sindicato «hace referencia directa a la consellera de Sanidad» en relación a una carta que CSIF le remitió el 31 de enero de 2020 «sobre la necesidad de la compra de material sanitario para los empleados ante la situación de emergencia sanitaria internacional y que no recibió respuesta».

Por ello el representante de la acusación pública considera que «estamos en presencia de una denuncia de una persona aforada por hechos que requieren ser investigados», lo que es competencia de la sala de lo Penal del TSJ.

Al mismo tiempo, el sindicato ha decidido personarse en la causa como acusación particular. Fuentes del CSIF indicaron que están siguiendo «la doctrina del Tribunal Supremo a la que se refiere hasta el propio dictamen del Ministerio Fiscal y de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Con este motivo la central sindical recalca que «en ningún caso ha habido defecto de forma, como en algún momento se ha dicho, sino que, al contrario, el procedimiento ha seguido todo el cauce judicial y ahora ya está en el Tribunal Superior de Justicia para su instrucción».

Mario Martín explicó que el paso siguiente es que la sala del TSJ decida abrir directamente la investigación sobre los hechos, aunque también puede devolverla al juzgado.

CSIF consideró «muy positivo» que tanto la fiscalía como la jueza de instrucción hayan visto indicios de responsabilidad penal en la consellera al remitir la causa al TSJCV por ser aforada.

El sindicato denunció el pasado abril por vía penal a la Conselleria de Sanidad ante la falta de medios de protección al personal sanitario. Explicaba en su denuncia que «a pesar de las recomendaciones de la OMS, de la declaración de emergencia sanitaria internacional, de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto y de los escritos presentados por la formación, la conselleria incurrió en una evidente inactividad».

Para el sindicato esta forma de actuar «causó la desprotección de sus trabajadores al no dotarles del material necesario para hacer frente a la pandemia»

El CSIF relaciona directamente la actuación de la Conselleria de Sanidad con los de 2.774 empleados del sistema sanitario valencianos infectados frente los 11.431 contagiados registrados en la Comunitat desde que comenzó la pandemia a mediados de febrero. Es decir, el 24% de los enfermos forman parte de la plantilla médica.