Un juzgado investiga a una residencia de Altea por la muerte de una anciana tras una caída

María Agnes Fischer, de 86 años de edad, padecía demencia y tenía el máximo grado de dependencia. La mujer ingresó el 12 de agosto de 2022 en una residencia para la tercera edad. Según explican los hijos, cinco días después, su madre salió con su andador y sin ningún tipo de supervisión al jardín que hay en el recinto. Estando allí se cayó y se golpeó fuertemente en la cabeza.

«A pesar de sus gritos de auxilio bajo el sol abrasador de agosto, con temperaturas de 33 grados, permaneció desatendida durante casi media hora, hasta que unos vecinos alertaron al personal de la residencia», relatan. Dos de los hijos llegaron poco después del accidente y el personal les comentó que su madre había sido atendida sanitariamente y «no consideraban oportuno llevarla al hospital porque 'parece que no tiene nada roto'», como se recoge en la denuncia que presentaron tras el fallecimiento.

En ese momento no estaba el médico, sólo una enfermera. Al día siguiente, el 18 de agosto, ya la vio el facultativo de la residencia. Pese a considerar que «no era urgente», acabó pidiendo una ambulancia para llevar a la octogenaria al hospital de La Vila. Una vez allí, se le detectó un traumatismo craneoencefálico a raíz de la caída y quedó hospitalizada. Y allí falleció ocho días después.

Tras el duro varapalo emocional que supuso la muerte de María Agnes, sus hijos decidieron el 30 de agosto presentar una denuncia. En ella, tras relatar lo acaecido, indicaban que a tenor de lo ocurrido entendían que «pueden desprenderse responsabilidades penales, por un presunto delito de homicidio por imprudencia, así como de un delito de omisión del deber de socorro al no brindarle atención médica urgente». A su juicio, los responsables eran tanto los dueños de la residencia como el personal que debía cuidar y vigilar a su madre.

Pocos días después, los familiares decidieron ampliar la denuncia al descubrir unos hechos que les sorprendieron. Su madre, antes de ingresar, estaba tomando anticoagulantes y en el centro lo sabían porque antes de entrar tuvo que aportar la información médica completa. Cuando llegó, «no fue evaluada por médico alguno, como hubiera sido de recibo hacer con un nuevo paciente, dependiente y con patologías previas», argumentan.

Sin embargo, localizaron un documento relativo a la medicación que le pautaron, en el que el médico del centro duplicó la dosis de anticoagulante, lo que incrementaba el riesgo de hemorragia en caso de contusiones o caídas. También hallaron dos informes médicos con incoherencias, como estar fechado en un día festivo en el que no estaba el facultativo o mencionar que el día de antes había sufrido «una caída casual» cuando estaba datado antes de que ocurriera ese suceso.

La familia Fischer tiene constancia de que su caso en ese lugar no es único. De hecho, aportó declaraciones de parientes que residentes que han pasado por algo similar. Bernd Fischer, en nombre de sus hermanos, recalca que «exigimos justicia no sólo para nuestra madre, sino para todos los ancianos que residen en este centro y que merecen un trato digno y un cuidado adecuado».

Con fecha 19 de enero del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm procedió a incoar diligencias previas por un posible delito de omisión del deber de socorro cometido por la Residencia Villa de Altea Les Boqueres. El 18 de julio de 2024, acordó una prórroga del plazo de instrucción por un periodo de seis meses. En ese auto, la querella va dirigida al centro y a una decena de trabajadores, incluidos los médicos.

Las Provincias ha llamado a la residencia para conocer su versión. Sin embargo, nadie se ha puesto en contacto con el diario para explicar lo ocurrido y ofrecer su punto de vista.