Otro juzgado se queda sin personal

«Disculpen las molestias y no duden en interponer las oportunas quejas por los perjuicios que les pueda causar este anormal o inexistente funcionamiento de la Administración de Justicia. Desde el juzgado lo lamentamos profundamente (al menos los que quedamos) y nos solidarizamos con la causa». El peculiar escrito, pegado con celo en una de las muchas cajas con expedientes que adornan despachos y pasillos de los órganos judiciales, lucía ayer por la mañana en el mostrador del juzgado de lo Penal número dos de Valencia, en la flamante Ciudad de la Justicia. Detrás, mesas y sillas vacías, pantallas de ordenador apagadas y ni un sólo funcionario al que preguntarle por el peculiar mensaje.

De la plantilla de cuatro empleados públicos de que disponía el juzgado, ayer se quedaron sin ninguno. Tres de ellos se marcharon en concurso de traslado mientras que el otro se cogió la baja sorpresivamente por la mañana, como confirmaron fuentes de la Conselleria de Justicia. Consecuencia: a primera hora de la mañana no había nadie al frente del mostrador o recibiendo a ciudadanos o profesionales. «Este juzgado suspende su función de atención al público y profesionales al haberse quedado sin funcionarios para desarrollar ese cometido», era la explicación que se daba en el cartel fijado a primera hora de la mañana en la oficina judicial.

Horas después, desde la Conselleria de Justicia se procedió a enviar a «dos funcionarios de auxilio, uno para labores de señalamiento y juicios y otro para tareas de correo y atención al público», como indicaron fuentes de la administración. La falta de empleados públicos no interrumpió la celebración de vistas ni otros procesos judiciales, labor desempeñada por el juez y el Letrado de la Administración de Justicia.

«Desde el juzgado se seguirán realizando gestiones para solventar tal anomalía, como hasta ahora se ha hecho, sin que la Dirección General de la Conselleria de Justicia nos haya dado solución», era el último 'recado' que desde el órgano judicial se daba a la administración valenciana. Cierto es que el juzgado acabó el día de ayer con el refuerzo anunciado desde Justicia; «ya han comenzado a prestar servicio», aseguraron a mediodía desde la conselleria.

No es el primer episodio de estas características que se produce en la justicia valenciana. Como ya adelantó LAS PROVINCIAS a finales de febrero, el juzgado de instrucción número 4 de Massamagrell se vio obligado a cerrar sus puertas. «Con motivo del cese de la actual plantilla y la incorporación de los nuevos funcionarios titulares, desde el día 26 de febrero al 6 de marzo no se encontrará disponible el servicio de atención a ciudadanos y profesionales por asuntos ordinarios por falta de dotación de la plantilla necesaria», rezaba en otro cartel difundido por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

También en este órgano lanzaron un pullazo a la Generalitat: «La Conselleria de Justicia estaba avisada de que iba a producirse esta situación desde el 31 de enero y no ha hecho nada». Aunque al 'César lo que es del César': desde la administración acabaron enviando refuerzos y subsanando la situación. La situación se produjo por la marcha de los funcionarios interinos y tener que dejar pasar los ocho días de plazo preceptivamente fijados por ley a los que tienen derecho los empleados titulares para incorporarse a su destino.

Hasta finales de esta semana, como detallaron ayer desde Justicia, no se incorporarán los funcionarios a sus plazas. Mientras «están prestando servicio de guardia un gestor, dos tramitadores y un auxilio. Es decir, se ha cubierto la plantilla con sustituciones de otros juzgados», como detallaron desde la conselleria.

La crítica lanzaza por la Asociación Judicial Francisdo de Vitoria fue que la falta de plantilla «va impedir la celebración de algunos juicios» y también «algunas declaraciones de testigos y partes en procedimientos que estaban programadas», como señaló su portavoz, Miguel Ángel Casañ. La asociación lanzó un mensaje más severo incluso: «Esto es lo que le importa a la Administración tu divorcio, tu reclamación de cantidad, las víctimas, los menores, los incapaces. No damos votos».

La situación de los dos juzgados se produce en un ambiente de continua conflictividad de jueces y fiscales, sobre todo con el Gobierno central, que es quien tiene las competencias a la hora de crear juzgados y aumentar el número de magistrados, dos de las principales carencias que lanzan los juristas. De hecho, ayer mismo debía haber tenido lugar el primero de los tres días consecutivos de paros, convocados por las cuatro asociaciones judiciales y las tres fiscales, aunque se suspendió por la 'interinidad' del Gobierno central y la próximas elecciones generales. «Para el actual gobierno, como para todos los anteriores, la Justicia no solo no es una prioridad, sino que parece ser un estorbo», lamentan.