El juzgado sólo localiza a uno de los dos acusados desaparecidos del caso del accidente de Viveros

El órgano judicial ha de efectuar esta diligencia para poder celebrar la vista, prevista para dentro de apenas tres semanas. Sólo de esta forma, con el arresto y la comunicación oficial del juicio, se daría por completada la notificación. En caso contrario, no podría celebrarse la vista, según las fuentes consultadas.

Asunto diferente es que una vez terminado el trámite anterior, el juicio pueda arrancar aunque no esté presente el acusado. La información que maneja LAS PROVINCIAS es que ninguno de los dos procesados por el siniestro mortal de Viveros supera los dos años de cárcel. De esta forma, el juicio podría celebrarse en ausencia.

Un retraso en la fecha del juicio, sin duda, es lo último que desearía el concejal de Compromís Pere Fuset, único imputado político en la causa. No serían las primeras dilaciones que ha sufrido este asunto y que, en definitiva, perjudican especialmente a la familia de la víctima que no puede cobrar la indemnización que quizá le corresponda por el fallecimiento. Pero también, por otra parte, lastran la carrera del edil de Compromís que se ha visto obligado a dejar la concejalía de Fiestas y ha sido apartado de la carrera por la sucesión de Ribó.

El edil de la coalición nacionalista aguarda el juicio final con la confianza de obtener una absolución. Sin embargo, en paralelo, las compañías aseguradoras mantienen abiertas líneas de comunicación para pactar una indemnización con la familia de la víctima -más alta y cobrada de inmediato- para que se retire el escrito de acusación y no sea necesaria la celebración de la vista.

Los hechos que han dado lugar a la investigación ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de València. Tenía 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas. La familia de la víctima, Vasile Sucala, reclama cinco años de cárcel para el edil. Tres por el delito de homicidio imprudente y otros dos por un delito contra la seguridad de los trabajadores.