Los juzgados eliminan las últimas restricciones por el Covid

Tampoco las citas telefónicas ni telemáticas. «El acuerdo supone la suspensión de medidas tales como celebración telemática de actos procesales, limitaciones en el acceso a las salas de vistas, dispensa de la utilización de togas o establecimiento de formas no presenciales de atención al público», señala el CGPJ, tras la decisión del Parlamento, que ha sido comunicada a los órganos gubernativos del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Aunque también estarán disponibles, pero como una opción más, en caso de que sea más cómodo o necesario para el usuario una atención por teléfono antes que ir presencialmente.

Los centros oficiales de la Comunitat vuelven a estar obligados a atender las citas de los ciudadanos de forma presencial, como ocurría antes de la pandemia. Una medida que va a beneficiar a los consumidores. Para el secretario general de Facua en la Comunitat, Pau Bernad, «como servicio público deberían atender aunque no se tenga cita previa, es positivo porque no todo el mundo tiene acceso a internet, hay una brecha digital, no todo el mundo tiene certificado electrónico para gestiones oficiales y por eso que haya atención al público para un sector de la población es mucho mejor y más accesible», señala. Y asegura que se mantendrán atentos a que se aplique en los organismos oficiales. «Si vuelve a haber obligatoriedad de tener cita previa vigilaremos para que atiendan presencialmente a los ciudadanos», añade.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) apunta también que la cita previa «no es una mala solución, siempre que no sea la única», y que «el problema es cuando se demora a un mes y medio o dos meses de espera, porque se convierte en un problema», dice Julián Tío, responsable del gabinete de información de la asociación. «No debería ser la única manera, sino una añadida que generara más calidad al servicio», expresa.

Los problemas para obtener una cita previa son diarios y provocan dificultades a los ciudadanos. Primero, porque en muchos casos el trámite telemático es complicado y farragoso hasta que se llega a la lista de horas y días disponibles, y segundo, porque en la mayoría de casos las franjas de atención suelen estar completas. Así, hay que esperar un mes y medio para pedir cita para la ITV del vehículo, casi un mes para renovar el DNI o más de diez días para que te vea un médico en un centro de salud o hacer un trámite en la Oficina de Empleo.

Las citas previas ya estaban presentes antes de la pandemia como medida para mejorar la organización, en el caso de renovar el DNI, pasar la ITV del coche o muchos otros trámites. Pero con la llegada de las restricciones por el Covid se implantó de forma generalizada y exclusiva en casi todas las Administraciones, lo que causaba muchas molestias de esperas y mala atención a los usuarios. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, denunció el pasado mes de marzo que se siguiera poniendo en práctica esta medida, con la pandemia ya plenamente superada. «Mantener la cita previa obligatoria infringe los derechos de la ciudadanía, no tiene ningún soporte legal», expresó. «En muchos casos la cita previa sólo puede ser solicitada de forma electrónica, lo que ha dado lugar a picaresca y venta de citas, con evidente perjuicio para quienes la necesitan», declaró el Defensor del Pueblo valenciano en su informe anual.

Para Facua la cita previa debe ser una herramienta más a disposición del usuario, además de la presencial. «La nueva ley de atención al cliente denunciamos que no incluía la atención en los organismos públicos, y debería estar regulado, porque si quitan ahora la cita previa y la gente se vuelca sin citas a ir allí presencialmente puede haber cierto caos inicial», apunta Bernad. El Síndic reflejaba también que «podía ser comprensible en la pandemia, pero hoy en día la cita previa es una comodidad que se han buscado las Administraciones para organizarse mejor el trabajo».

No obstante, durante estos tres años en los que los valencianos han tenido que adaptarse a las medidas por la pandemia han hecho «cambiar los hábitos de la gente», dice Bernad. «Se valora también la cita telefónica según qué casos, porque puede agilizar, y en algunas cosas es mejor una llamada que tener que ir al centro de salud y perder horas. La cita previa para todo el mundo es una molestia pero no tiene que ser malo si lo planificas, pero se debe cumplir el horario que te dan, porque luego las esperas que se producen dejan mucho que desear», asegura el responsable de Facua, que apuesta porque puedan convivir la presencialidad y la opción telefónica.

Además, en la Comunitat el Gobierno autonómico decretó durante esta etapa de pandemia la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería, pero esa medida, que ya ha caído en toda España, aún se mantiene en la región valenciana. El nuevo presidente, Carlos Mazón, tiene la intención de reunirse con el sector hostelero para tomar una decisión sobre esta medida. «Los usuarios tienen claro que es una medida que va a tener que volver a la normalidad. Está muy cerca de ser modificado, porque es extraño que siga así, no sé por que se sigue manteniendo. Debería ser el propio establecimiento el que decida qué hace», señalan en AVACU.