«Las lenguas oficiales hay que protegerlas, pero no se puede obligar a utilizarlas»

La polémica enmienda fue muy criticada ayer por las organizaciones valencianas que llevan años de lucha contra el modelo lingüístico valenciano al considerar que puede servir para continuar limitando la presencia del castellano en las aulas. Por contra, también hay voces dentro de la comunidad educativa que defienden la medida como la vía necesaria para potenciar la lengua autonómica.

«Creemos que se persigue coartar el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular de estudio, que seguiremos reivindicando como llevamos haciéndolo desde la aprobación del decreto de plurilingüismo», explicó Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas, Covapa. «Entendemos que las lenguas cooficiales se deben proteger, pero no se puede pretender obligar a su utilización», añadió, antes de pedir que «el partidismo salga de la escuela» y de plantear un pacto de Estado sobre educación y una ley «hecha por todos».

Covapa, con mayor implantación en la provincia de Alicante, especialmente en zonas castellanohablantes, recurrió ante los tribunales el citado decreto (el primer modelo lingüístico de Marzà), junto a la asociación Idiomas y Educación y Concapa CV. También lo hizo, con idéntico resultado, la Diputación de Alicante.

El presidente de esta última organización de padres, José Antonio Rodríguez, dijo que la enmienda «es una cesión al independentismo catalán, un pago para obtener apoyo en otras cuestiones», y consideró que el redactado de la Lomce «es claro y suficiente». «Se condicionará a futuras generaciones. Es absurdo relegarlo. Se limita que haya alumnos que respecto a otros dispongan de conocimientos suficientes y amplios en castellano de cara a acceder a empleos o estudios superiores», dijo.

Desde el sindicato Csif, que también ganó un recurso contra el decreto plurilingüe, se consideró que el acuerdo «supone una decisión unilateral que rompe la convivencia y los derechos de los valencianos a utilizar de forma indistinta cualquiera de sus lenguas o a formarse en cualquiera de ellas», en palabras de José Seco, presidente de Educación en la Comunitat. Por su parte, Anpe (que también recurrió mediante su delegación valenciana), defendió que «el castellano es la lengua oficial de los españoles y el Gobierno debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos».

Por contra, desde el sindicato Stepv, mayoritario entre los docentes de la pública, se mostraron a favor de que las comunidades con lenguas «minoritarias y minorizadas puedan tenerlas como vehicular para garantizar que los alumnos dominen las dos oficiales». Y para CC.OO. PV la enmienda «contribuye a dar a las cooficiales la importancia institucional que merecen». Por su parte, la confederación de Ampas Gonzalo Anaya también defendió el valenciano como lengua vehicular, y que para superar su situación «minorizada» se precisa «un porcentaje mínimo» del 50% de las horas lectivas.