¿Quiénes son los letrados de la Administración de Justicia y por qué son la pieza clave del sistema?

Hasta hace unas semanas, pocas personas conocían la figura de los letrados (los antiguos secretarios judiciales) y desde luego, la inmensa mayoría desconocía que sin su labor la maquinaria judicial se paraliza, como está sucediendo en muchos puntos de España con la fuerte repercusión que han tenido los paros.

En la Comunitat Valenciana la huelga ha paralizado ya cerca de 18.000 juicios y vistas desde que comenzó la protesta, según fuentes de los propios letrados. A nivel nacional, el comité de huelga cifra en más de 210.000 las vistas y juicios suspendidos, en 290.000 las demandas pendientes de tramitar y en unos 560 millones de euros el dinero bloqueado a raíz del parón.

Esta es la pregunta que se hacen muchos españoles tras un mes de huelga y ver continuas noticias sobre la protesta en los medios de comunicación. «Hasta hace poco éramos unos perfectos desconocidos. Desde que salimos en telediarios y periódicos nos hemos vuelto una figura más familiar», relata Marta Golvano, letrada de la Administración de Justicia en el Contencioso Administrativo 1 de Castellón y representante de la Unión Progresista de la Secretarios Judiciales (UPSJ) en la Comunitat, una de las entidades convocantes de los paros.

Pese a ser unos desconocidos, su poder es evidente ya que en muchos puntos de España han conseguido paralizar la maquinaria judicial. Y es que son el mecanismo clave de la administración de Justicia. Sin ellos se detiene, como se ha podido comprobar estos días ya que lo principal en un juzgado pasa por sus manos.

Están detrás de las admisiones de demandas, de las notificaciones de sentencias, de la jura de nacionalidades, de las bodas y de la actualización de los registros de delincuentes sexuales para proteger a las víctimas, entre otras muchas funciones.

El sistema funciona de la siguiente manera. En cada juzgado hay un juez y un letrado además de un número de funcionarios que depende del volumen de trabajo. El letrado es quien organiza el trabajo de estos funcionarios. «Somos un cuerpo superior jurídico que dependemos del Ministerio de Justicia», explica Golvano.

Y son los que ponen en marcha todo el procedimiento. Por sus manos pasan los trámites relacionados con una demanda. «Nosotros la impulsamos desde que entra hasta que hay un juicio y una sentencia», añade Marta Golvano. El juez puede poner las sentencias pero quienes las notifican son los letrados de la Administración de Justicia. «Nuestra firma valida la resolución», aclara. Por eso muchos jueces están dictando fallos de sentencias pendientes que no se tramitan y notifican porque el letrado está secundando los paros.

En los registros civiles su ausencia puede provocar también su paralización. Las inscripciones de nacimientos y defunciones se realizan porque forman parte de los servicios mínimos pero no así la emisión de certificados. «Son muy importantes en ocasiones como a la hora de pedir una subvención», detalla esta letrada judicial. Por ejemplo, el libro de familia lo tiene que firmar un LAJ.

Mercedes Delgado, según recoge Europa Press, trabaja en el Registro Civil de Valencia, el tercero de dedicación exclusiva más grande de España, tras Madrid y Barcelona. Lleva 32 años de servicio, pero en este destino está desde hace dos años. En concreto, se dedica a nacionalidades y certificaciones.

Delgado es otra de las letradas que ha estado siguiendo la huelga desde el 24 de enero. La funcionaria expone que lo que reclama es una adecuación salarial por las «432 nuevas funciones» adquiridas en los últimos años. «Toda la asunción de nuevas funciones proviene de 2009 a 2015 por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal», detalla en referencia a tareas de carácter procesal que antes eran competencia de los jueces.

Al hilo, menciona también la redacción de la nueva Ley del Registro Civil, que aunque se dictó en 2011 no entró en vigor hasta 2021. Según subraya, en dicho texto legal se encomienda que los Letrados de la Administración de Justicia sean encargados de los registros civiles y se acuerda que aquellos magistrados que también tenían esa función antes de 2011 permanezcan como encargados.

«En el Registro Civil es muy simple de ver», señala. Y añade: «Queremos que estos letrados encargados del Registro Civil cobren el mismo complemento que los magistrados encargados del Registro Civil», recalca al tiempo que insiste en que lo que quieren es cobrar el mismo complemento, no el mismo salario.

Delgado, que también participó en las huelgas parciales que se realizaron a lo largo de 2022, destaca que «es la primera vez» que los Letrados de la Administración de Justicia han «plantado cara» y se han «unido». «No lo había visto nunca. Y estoy muy orgullosa», apunta.

La gota que colmó el vaso para los letrados de la Administración de Justicia fueron los incumplimientos del departamento de Pilar Llop. «Teníamos unos acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia del año pasado y no los han querido cumplir», aclara Golvano. En ellos se sustanciaba un incremento salarial para los letrados. Esta negativa les llevó a convocar la huelga.

En sus demandas se incluye el establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la carrera judicial y la reducción de los grupos de población que suponga poner fin a la «discriminación salarial».

El contexto de la huelga es el incumplimiento del ministerio de los acuerdos alcanzados en abril, según denuncian desde el comité de huelga. Pero Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya supuso una «subida sin parangón» de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos.

Según el colectivo afectado, sin embargo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumente al 85%.

«El Ministerio de Justicia ha querido jugar al desgaste con nosotros. Pensaban que nos íbamos a cansar pero ya llevamos un mes de huelga y lo que venga», ha resaltado Golvano. «Creían que no iba a pasar nada y no ha sido así», ha concluido.