La huelga judicial ya paraliza 60 millones y obliga a suspender más de 30.000 juicios

La huelga ha tenido una gran afección en los juzgados valencianos donde ya se han suspendido unos 31.000 juicios en la provincia de Valencia, según confirman fuentes de este colectivo. Son muchas las molestias que están originando tanto para los ciudadanos como para otros profesionales de la Administración de Justicia «pero pensamos que nuestra reivindicación es justa», según señala Carmen Ramos, delegada en la Comunitat del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia.

En estos momentos, y según las mismas fuentes, ya hay bloqueados en las cuentas de los juzgados valencianos unos 60 millones de euros. Aunque Carmen Ramos recuerda que desde el pasado 16 de febrero, y aunque no están incluidos en los servicios mínimos, se están pagando las pensiones de alimentación y también se están celebrando las bodas.

«Cualquier problema que vemos que tiene tintes humanitarios se tramita aunque no estén incluidos en los servicios mínim0s», explica Ramos quien apunta como ejemplo que a un extranjero se le devolvió el pasaporte incautado por la Policía para que pudiera volver a su país cuando por la huelga no estaban obligados a hacerlo.

En estos momentos, las negociaciones han sido asumidas por el Ministerio de Hacienda y este jueves había una nueva reunión con los representantes de la Administración. Los encuentros se han agilizado y los afectados esperan que pronto se alcance un acuerdo. En este sentido, Carmen Ramos ha señalado que puede ser que «entremos en la recta final de la huelga porque ya las negociaciones parece que van en serio».

La participación en la huelga se ha resentido con el paso del tiempo. Hasta hace unos días en la provincia de Valencia se situaba en el entorno del 30% aunque estos últimos días se ha vuelto a incrementar y «puede que estemos en el 40%», ha resaltado Ramos. «Estamos perdiendo mucho dinero pero estamos muy concienciados», ha explicado y ha añadido que el Ministerio de Justicia ha jugado al desgaste con ellos ya que la primera llamada al comité de huelga para negociar se retrasó varias semanas.

En este sentido, Ramos ha señalado que la participación en los paros de los municipios del entorno de Valencia es más alta que en la capital. Así, por ejemplo en Alzira las cifras ronda el 100%. También otras localidades como Carlet o Paterna tienen unas cifras que están en el entorno del 100%.

La letrada ha recordado que a la manifestación que se celebró en Madrid hace unas semanas acudieron 60 profesionales desde Valencia y en total superaron las 1.500 personas cuando los letrados en el conjunto de España son unos 3.700. «En la cifra de 4.300 que se está repitiendo se incluye también a los interinos. En realidad somos 3.700 por lo que la asistencia a la concentración puede considerarse masiva», ha señalado Ramos.

La huelga esta provocando molestias entre los abogados y procuradores porque en muchas ocasiones no se sabe que se va a suspender un juicio hasta el momento de su inicio. Esto provoca el malestar de letrados y testigos ya que les obliga a desplazarse en vano. Esto fue más grave al inicio de los paros porque ahora los letrados de la administración de justicia están avisando previamente con 24 horas de antelación de la suspensión de las vistas para evitar desplazamientos.

Otra de las repercusiones de esta huelga es que incide en los retrasos de los juicios. Si las demoras eran habituales ahora ya se están fijando juicios para el año que viene e incluso algunos se han retrasado hasta 2025.

En este sentido, la consellera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, señaló en su participación en el Forum Europa el pasado miércoles que las comunidades autónomas están «muy limitadas» en la toma de decisiones, pese a «ser las protagonistas del resultado final que tenemos que financiar y la ventanilla visible a la que se dirigen las quejas». Puso como ejemplo la actual huelga de letrados donde no pueden intervenir para mediar en los paros, pero sí que tendrán que asumir el gasto de los juicios suspendidos

El contexto de la huelga es el incumplimiento del ministerio de los acuerdos alcanzados en abril del año pasado, según denuncian desde el comité de huelga. Pero Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya supuso una subida sin parangón de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos.

Según el colectivo afectado, sin embargo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumente al 85%.

Los letrados hacen esta reclamación basándose en que las últimas modificaciones legales han incrementado su carga de trabajo sin que se haya visto correspondida con un aumento de los salarios.

En sus demandas se incluye el establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la carrera judicial y la reducción de los grupos de población que suponga poner fin a lo que consideran una discriminación salarial.

Los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, eran hasta hace unas semanas unos perfectos desconocidos. Esto ha cambiado con la huelga que les ha dado visibilidad. Pese a este desconocimiento, su poder es evidente ya que en muchos puntos de España han conseguido paralizar la maquinaria judicial. Y es que son el mecanismo clave de la administración de Justicia. Sin ellos se detiene, como se ha podido comprobar estas semanas ya que lo principal en un juzgado pasa por sus manos.

Ellos son los que se encuentran detrás de trámites como las admisiones de demandas, las notificaciones de sentencias, la jura de nacionalidades, las bodas y la actualización de los registros de delincuentes sexuales para proteger a las víctimas, entre otras muchas funciones.

El sistema funciona de la siguiente manera. En cada juzgado se encuentra un juez y un letrado además de un número de funcionarios que depende del volumen de trabajo. El letrado de la administración de justicia es quien organiza la labor de los profesionales.

Además, son los que ponen en marcha todo el procedimiento. Por sus manos pasan los trámites relacionados con una demanda. El juez pone las sentencias pero quienes las notifican son los letrados de la Administración de Justicia.