La ley que protege el castellano llegará al 12% de los colegios de la Comunitat

Si la cifra se pone en relación con la totalidad de la red, queda claro que el alcance de la medida será limitado, pues son uno de cada diez (12%) teniendo en cuenta que en la actualidad funcionan 2024 centros públicos y concertados. Y sin contar los de Educación Especial, Infantil de primer ciclo y de enseñanzas de régimen especial (idiomas, música, danza o arte), que escapan de la vía urdida por Educación para modificar de manera transitoria el modelo lingüístico heredado del Botánico.

Así se desprende de la información recogida en la Guía de Centros Docentes de la Comunitat y de lo dispuesto en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, el instrumento normativo al que recurrirá la Conselleria de Educación para permitir las modificaciones. Se cumplirá así con la promesa de José Antonio Rovira de facilitar cambios puntuales limitados sólo a los centros de zonas castellanoparlantes, aunque no llegarán este curso sino al siguiente. De manera paralela el Consell trabajará en definir cuál será su modelo -cuyo alcance será total, en toda la red educativa de la Comunitat- que sustituirá a la Ley de Plurilingüismo, todavía vigente.

El proyecto de ley deja sin efecto la exigencia de que en estos municipios al menos el 25% de las horas lectivas se impartan en valenciano, que es el mínimo fijado en la actualidad. Esto implica hacerlo con la asignatura propiamente dicha y con una o dos más, en función de su carga lectiva, ya sean Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Física o Tutoría, por poner algunos ejemplos. En palabras de Rovira se persigue corregir «la disfunción» de que a un alumno exento de Valenciano se le esté enseñando otra materia en la lengua autonómica.

El cambio no es obligatorio, pues quedará a decisión del consejo escolar de cada escuela pública, mientras que en las privadas y las concertadas los respectivos titulares tendrán la últimas palabra. En la práctica puede suponer que muchos centros se queden sólo con la asignatura de Valenciano vehiculada en la lengua autonómica, impartiéndose las materias restantes en castellano y, en menor medida, inglés, cuyo peso curricular se sitúa entre el 10% y 25%.

Otra de las novedades tiene que ver con el procedimiento de modificación. Con el modelo plurilingüe del Botánico se requería de un apoyo de al menos dos tercios de los miembros del consejo escolar para aprobar cambios en el peso de las lenguas. Y la propuesta para hacerlo debía partir del equipo directivo. Por contra, con la nueva vía transitoria se exigirá una mayoría simple y podrá proponerla cualquier miembro del organismo.

La novedad es importante, pues da más poder de decisión a las familias. Por ejemplo, en un centro tipo hay veinte consejeros con derecho a voto, por lo que sumando a los nueve que representan a las familias, al del Ayuntamiento y al del Personal de Administración y de Servicios (PAS) ya se alcanzan los suficientes apoyos. Dicho de otra forma, aunque todo el profesorado votara en contra la propuesta saldría adelante. Con el sistema del Botánico sería necesario también el voto favorable de al menos tres docentes, tanto representantes del claustro como miembros del equipo de dirección.

La Comunitat tiene 143 municipios situados en zonas castellanoparlantes y de estos 76 cuentan con centro educativo propio o aulario de colegio rural agrupado, de ahí que sean los susceptibles de modificar sus proyectos para bajar el peso del valenciano. La gran mayoría pertenecen a zonas del interior o en riesgo de despoblación. Por contra, las ciudades más grandes en las que se podrán ver cambios son Orihuela, Torrevieja, Segorbe, Cheste, Chiva, Requena y Utiel.

En cuanto al resto de centros, los situados en zonas valencianoparlantes, todo continúa igual a la espera de ver qué sucede con la Ley de Plurilingüismo. En cualquier caso, también pueden modificar sus proyectos vigentes, pero siguiendo las reglas que dejó el Botánico: al menos un 25% de tiempo lectivo en las lenguas oficiales y con mayoría de dos tercios en los respectivos consejos escolares.