Las promesas educativas olvidadas por el Consell

Las medidas para mejorar la educación valenciana no siempre avanzan al ritmo deseado por los gobernantes, que disparan con pólvora de rey a la hora de anunciarlas, y sobre todo por los destinatarios, ya sean las familias o los profesionales que están a pie de aula. Cierto es que la irrupción de la pandemia ha obligado a reprogramar las prioridades para sacar adelante el curso más difícil de la historia reciente, así como la inversión pública, pero también han influido la lentitud en la gestión -mejoras en las plantillas no universitarias prometidas año tras año- o las prisas por apuntarse el tanto, como sucedió con las retribuciones del profesorado universitario más precarizado, que han resultado inaplicables por contravenir los límites estatales de estabilidad presupuestaria.

Algunos de los anuncios avanzan (al menos hay marcados plazos en el horizonte), pero otros se difuminan o incluso parecen irrealizables en los dos años que quedan de legislatura, como sucede con la promesa de que todas las plazas de dos años de las escuelas infantiles serán gratuitas. No por falta de intención (fue lanzada en campaña electoral y plasmada en el segundo acuerdo del Botánico), sino de tiempo. Lo mismo se puede pensar del plan plurianual para las universidades públicas, que aunque llegue a tiempo tras tantos años de incumplimientos si no está dotado de un aumento de fondos -lo que depende del modelo de financiación autonómico- desilusionará a profesionales y responsables de los centros.

De las diez medidas, seleccionadas por su impacto entre la comunidad educativa, seis afectan a la enseñanza no universitaria, dependiente de Vicent Marzà, y cuatro a la superior, cuyas competencias pasaron en 2019 a Carolina Pascual. De estas, tres son heredadas pues se arrastran de la legislatura anterior.

Hay dos que son fruto de la última campaña electoral y cuya única función fue la de arañar votos, pues pocas semanas después se diluyeron en el citado acuerdo de gobierno. Así que nadie espere comedores o matrículas universitarias gratis para los alumnos excelentes, pese a su bondad y encaje en la línea ideológica de los tres partidos que sustentan al Botánico.

La Ley Integral Valenciana de Educación (Live) se anunció en junio de 2017. Se llegó a abrir un proceso participativo que debía servir de base para su redacción, pero no avanzó más. Se esperaba disponer de un borrador a finales de ese año. Sobre su contenido, sólo hubo declaraciones de intenciones: estabilidad presupuestaria y metas académicas como incrementar las tasas de escolarización temprana o de población con estudios postobligatorios. El proyecto quedó a expensas de la tramitación de la Lomloe, el nuevo marco legal superior derivado del cambio de Gobierno en España (2018), lo que ayudaría a explicar el retraso. Fue un compromiso adquiridos en los dos pactos del Botánico. Educación explica que se retomará ahora, tras la entrada en vigor de la ley Celaá.

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- 2017. A finales de ese año se esperaba disponer del primer borrador.

El borrador del decreto de certificaciones lingüísticas se presentó en 2018. Recogía el aprovechamiento, en el sentido de conseguir un título oficial y automático, de las horas lectivas recibidas durante la escolaridad tanto en inglés como en valenciano. Es decir, sin pasar por escuelas de idiomas o academias. El nivel del mismo dependía del volumen de horas cursadas al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La norma volverá a negociarse este año, pero ya no prevé certificaciones tras Primaria. La conselleria alega que la primera generación de la ESO formada con la Ley de Plurilingüismo no llegará hasta junio de 2025, por lo que hay margen. Eso sí, el retraso impide acreditaciones para alumnos que ya cumplieran los requisitos.

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- 2.600 horas vehiculadas en inglés se requerían para conseguir un nivel B1 tras superar Bachillerato.

En diciembre la conselleria informó a los sindicatos de los temas a tratar este año, entre ellos, mejoras en las plantillas que debían servir, como informó el Stepv, para revertir recortes arrastrados desde 2012 y que llevan años anunciándose. Por ejemplo, la eliminación de algunas plazas de catálogo, es decir, definitivas, en función del número de aulas de los centros de Primaria, Secundaria o FP. En la primera etapa se ha recuperado la figura del tutor para todas las unidades, pero como alerta el sindicato, vinculada a planes de mejora. Es decir, con plazas no consolidadas que pueden desaparecer. También se espera una nueva norma de permisos y licencias.

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- 23 horas lectivas tendrán todos los maestros el curso que viene (no 25) y 18 los profesores (no 19 o 20). Educación alega que es una mejora pactada que se oficializará en breve.

Fue una promesa de Marzà poco antes de la campaña electoral de 2019: gratuidad para todos que se alcanzaría a lo largo de esta legislatura, pero no llegó a reflejarse en el segundo acuerdo del Botánico.

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- 140.000 alumnos tienen beca de comedor, y de estos, el 42% disponen de la completa, por lo que reciben el servicio gratis.

- 73,4 millones es el presupuesto de este año, 685.000 euros más que el anterior. Desde la llegada de Marzà ha aumentado en 26,8 millones. Educación alega que la subida coincide con la filosofía del acuerdo del Botánico, que recogía mejoras progresivas, sin generalización. Para ello habría que cubrir a más de 200.000 alumnos, según los últimos datos del ministerio (curso 2018-2019).

Otra promesa electoral, tanto de Puig como de Marzà, con la diferencia de que sí figura en el acuerdo de gobierno. De momento la gratuidad sólo llega a los puestos públicos. En la red privada, que es mayoritaria, existe una ayuda que cofinancia la plaza. La medida se aplica en 242 centros infantiles municipales y en los 56 que gestiona la conselleria. Pero no en las 596 escuelas de titularidad privada.

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- 138 colegios públicos de Infantil y Primaria incluyen plazas de dos años. Pero no es la solución que prevé Educación para alcanzar el objetivo esta legislatura.

- 55,5 millones se destinan al bono infantil, cuantía similar a la del curso pasado. Cubren la gratuidad de la pública y la ayuda de la privada.

El Botánico abrió la puerta a que cualquier colegio aplicara la jornada intensiva de mañanas cumpliendo diferentes condiciones, como una consulta vinculante entre todos los padres y madres que debía reunir un apoyo de más del 55% del censo. El curso pasado, antes de la pandemia, se anunció que no habría más modificaciones hasta que se aprobara una nueva regulación.

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- 653 colegios aplican la medida. La previsión es que la próxima normativa pueda aplicarse en el curso 2022-2023. En el ejercicio previo, según la idea de la conselleria, se podrán elaborar los proyectos horarios en base a los nuevos criterios, que se prevén algo menos restrictivos.

Días antes de las elecciones de 2019 Educación anunció el preacuerdo del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas, una sustancial mejora salarial para los profesores más precarizados, como los asociados. Tras pasar las competencias a Carolina Pascual llegaron los recelos del Gobierno porque la promesa rebasaba la masa salarial permitida para las administraciones. Se ha pedido una excepción, aunque sin éxito.

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- 39% es el incremento retributivo más elevado que recoge el preacuerdo para los asociados.

Otro ejemplo de promesa electoral temporal: murió con la firma del último acuerdo del Botánico. La anunció Ximo Puig y consistía en que los universitarios que aprobaran todas las asignaturas se beneficiaran de la gratuidad de la matrícula al curso siguiente. Llegó a decir que se aplicaría «el año próximo», es decir, en 2020. El pacto de gobierno sólo recogió «medidas que reconozcan el esfuerzo de los estudiantes».

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- 5% es el porcentaje en que han bajado las tasas universitarias este curso en las carreras más caras, que se suma a la reducción del 15% en cursos previos. En 2022 deben situarse en los niveles de 2011 por decreto estatal. La conselleria explica que se están estudiando nuevas coberturas y defiende que desde 2015 la inversión en becas casi se ha duplicado.

En abril de 2016 la conselleria anunció la creación de un mapa de titulaciones para «orientar la oferta y gestionar mejor los recursos», eufemismos para referirse a la necesidad de evitar sobreoferta en determinados sectores profesionales, citando incluso el docente. Lógicamente, incluyendo a las universidades públicas y privadas y tratando de llegar a acuerdos. La idea fue refrendada por la consellera Pascual cuando asumió la cartera de Universidades, desde donde explican que se está ultimando y que se presentará en breve.

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- 43 grados están repetidos en al menos tres universidades públicas o privadas. La oferta total supera los 300 títulos, 231 si no se cuentan las duplicidades, que han continuado pese al anuncio, como sucedió con Ciencia de Datos o con la oferta vinculada a la gastronomía.

La promesa se arrastra desde la época del PP pese a la reivindicación constante de las universidades públicas, que funcionan con una subvención ordinaria similar a la de hace diez años. Para hacerse una idea, varios de los centros dedican todas las transferencias de la Generalitat a cubrir el capítulo de personal. Los rectores alegan que sin un aumento de los fondos se pierde competitividad en investigación y transferencia, por no hablar de que se obliga a renuncias en cuanto a infraestructuras e incluso mantenimiento.

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- 755 millones se recogen en el presupuesto de 2021 en concepto de subvención ordinaria a repartir entre las públicas. El nuevo modelo (el Botánico confiaba en tenerlo claro en 2019) incluirá una distribución por objetivos. La idea es poder compartir el primer documento técnico con universidades y sindicatos de cara al verano.