Líneas de ayuda, congelar gastos y ERTE, peticiones de las empresas

Patronal y sindicatos ya avanzaron el pasado jueves las primeras reivindicaciones a las administraciones para tratar de tejer una red de protección para empresas y trabajadores ante el impacto que la DANA va a tener en la economía valenciana debido a la situación en que han quedado multitud de negocios y naves industriales en los municipios más afectados por la tromba de agua o por las dificultades de acceso a los mismos.

Entre esas peticiones, por ejemplo, celeridad en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en concreto mediante la fórmula de fuerza mayor que es la que ya se empleó en pandemia y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordaba el viernes instando a las empresas damnificadas a solicitarlos.

Según el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, el tema se abordará en una reunión prevista este lunes con la propia Díaz y con los representes valencianos de los sindicatos CC OO y UGT. «Aún no sabemos cuándo podrán reanudar la actividad muchas empresas, por lo que consideramos que esta medida es fundamental», explica.

El líder de la patronal valenciana, que también es vicepresidente de la CEOE, recuerda también que todavía no se es «consciente de la magnitud» de la tragedia ocurrida en términos de «dramas humanos» y de los daños económicos y en las infraestructuras, por lo que también es «pronto» para hacer un balance de daños.

Para Navarro, la gran pregunta es «qué hacemos con los comercios y los autónomos, que son los grandes damnificados y, además, no están ingresando nada en la mayoría de casos desde el miércoles». Para ellos también se plantean líneas específicas.

Asimismo, el presidente de la patronal ha explicado que habrá otra segunda reunión la próxima semana –previsiblemente el miércoles– con todas las entidades financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Institut Valencià de Finances (IVF) y a la Sociedad de Garantía Recíproca ( Afín SGR) para trabajar en las posibles ayudas del sector financiero a las empresas, trabajadores, autónomos y comercios. Según Navarro, «es importante que puedan contar con accesos a financiación para inversión, renovación de lo que han perdido y que puedan tener apoyo para aguantar hasta que reanuden su actividad». Y se baraja una tercera centrada en abordar las necesidades en materia de construcción de obras públicas e infraestructuras.

Junto a los ERTE de fuerza mayor y las líneas de financiación especiales, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia José Vicente Morata, añade también la paralización de los gastos relacionados con los suministros, sobre todo en aquellas empresas que no van a poder producir. «Hablamos de luz, agua, datos... porque no van a tener ingresos», comenta.

Y remarca la importancia de que las ayudas que se concedan, sobre todo en el caso de pymes, micropymes y autónomos, sean «dinerarias y directas, porque hay fórmulas para hacerlo». Asimismo, Morata incluye la petición de ayudas para la compra de maquinaria.

Precisamente, el Consejo General de Economistas de España y los Colegios de Economistas de Valencia iban en la misma línea, considerando necesario que, entre las medidas de urgencia a aplicar por los daños personales y materiales provocados por la DANA, se incluyan una serie de consideraciones fiscales en la línea de las aprobadas en su día por el volcán de la Palma o el terremoto de Lorca.

Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), exención en las ayudas públicas recibidas para compensar los daños personales, en vivienda o en establecimientos comerciales y de servicios. En el Impuesto sobre Sociedades, deducciones para empresas afectadas, especialmente en los gastos relacionados con la reparación o reposición de bienes dañados o incentivos fiscales para promover la inversión en la reconstrucción de la infraestructura empresarial.

Otras de las medidas planteadas por los economistas es la exención de las tasas de tráfico exigidas por la tramitación de bajas de vehículos dañados o perdidos, siempre que se disponga del seguro obligatorio del automóvil; o la exención o bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en reparaciones o reconstrucciones.

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