La lista de espera en dependencia repunta y regresa al nivel de hace más de un año

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no logró cumplir la pasada legislatura el objetivo marcado al comienzo del mandato de acabar con las listas de espera en el ámbito de la dependencia, especialmente por el aluvión de nuevas solicitudes recibidas a partir de 2017 y, sobre todo, durante el actual ejercicio. Una situación que preocupa al colectivo porque, de nuevo, se sobrepasan los 23.000 solicitantes sin ningún tipo de ayuda, lo que supone regresar a niveles de hace más de un año. El departamento liderado por Mónica Oltra sí consiguió reducir a prácticamente la mitad las demoras en sus dos primeros años de gobierno, pero en el último ejercicio la cifra de dependientes sin atender se ha mantenido estable hasta el repunte del último mes, cuando unos 1.500 solicitantes han engrosado las listas de espera.

Además del incremento de personas sin recibir las ayudas previstas en la normativa, desde las plataformas de afectados lamentan especialmente la «desigualdad» existente entre unos municipios y otros. «Hay localidades, sobre todo las más pequeñas, que sí cumplen y llevan a cabo los trámites en menos tiempo de los seis meses que, como máximo, marca la ley; pero hay otras en las que las esperas se prolongan durante 14 o 15 meses, algo de lo que ya hemos dado traslado a la conselleria», explica Carme Santamaría, secretaria y portavoz de la Plataforma de la Dependència de Castelló. Los afectados han solicitado al departamento un mapa en el que figuren los tiempos de resolución de cada municipio, al menos de los más grandes, «para ver quién cumple y quién no», aunque todavía no cuentan con esta información. Sobre ello, los dependientes también alertan de que existe «otra lista de espera», precisamente en la que se encuentran los usuarios que están pendientes de una revisión del grado. En su mayor parte se trata de personas mayores afectadas por dolencias como el alzhéimer que «al principio recibieron el grado 1, pero progresivamente su situación y su estado de salud ha ido empeorando y sus familiares han solicitado una revisión del grado para, por ejemplo, poder optar a una plaza en un centro o en una residencia. La tardanza hace que finalmente las familias opten por decantarse por centros privados y asumir el coste», describe Santamaría.

Otra cuestión que también inquieta a las plataformas es la lentitud con la que se están resolviendo los expedientes conocidos como de responsabilidad patrimonial. Durante un par de años, en la etapa del anterior Ejecutivo autonómico, los usuarios se vieron afectados por una disminución de las prestaciones económicas de percibían (por cuidados en el ámbito familiar), tuvieron que hacer frente a copagos en residencias y centros de día y hasta se prometió a los familiares de dependientes fallecidos que percibirían las ayudas que los solicitantes no habían llegado a recibir en vida al estar en lista de espera. «Nos dijeron que la primera fase, el reintegro de las prestaciones económicas que habían dejado de percibir, estaría resuelta en marzo, y todavía hoy quedan usuarios sin cobrar. Sobre los copagos y los fallecidos aún no se sabe nada. Ha habido una parálisis durante varios meses, sobre todo en la época de la campaña electoral, por lo que estos abonos se están produciendo a cuentagotas», resumió, para reclamar un aumento de las plantillas que permita agilizar todos los trámites.

Ante la situación actual, desde la conselleria han trasladado a las plataformas de afectados en más de una ocasión que las demoras se deben a la gran cantidad de solicitudes que se presentan en la actualidad -aunque, de media, el 15% de las peticiones se rechazan, al no cumplir con los requisitos que exige la normativa para ser beneficiario de las ayudas previstas en la ley-; así como que no es posible incrementar demasiado las plantillas de tramitación ante las restricciones de personal impuestas desde el Gobierno central.

Por su parte, desde la conselleria recordaron que, en la actualidad, son los ayuntamientos los que se encargan de llevar a cabo la fase previa de valoración y que son las solicitudes «las que se incrementan mes tras mes». También subrayaron que este año el presupuesto que destina Igualdad a la contratación de equipos base se ha incrementado de los 41 millones de euros de 2018 a los 48,3 de este año, que se traduce en un aumento de las plantillas de alrededor de 200 nuevos profesionales.