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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no está consiguiendo este año reducir la lista de espera en el ámbito de la dependencia, al menos no al ritmo que tenía previsto ni con la misma intensidad que el pasado ejercicio. De hecho, y por segundo mes consecutivo, la bolsa de solicitantes que todavía no ha recibido la ayuda prevista en la normativa ha vuelto a incrementarse y ya supera, de nuevo, las 30.000 personas, un índice similar al de finales de 2016.
Detrás de este atasco -agravado por el último repunte- está, por un lado, el importante aumento de solicitudes presentadas durante este año y, por otro, la ralentización del ritmo al que la conselleria que dirige Mónica Oltra concede las prestaciones, que ha caído a casi la mitad en apenas doce meses.
Así, y según los datos que maneja Igualdad, el pasado 2 de octubre (último informe disponible) se contabilizaba en la Comunitat una lista de espera de 30.077 dependientes (17.498 en la provincia de Valencia, 9.471 en Alicante, y 3.108 en Castellón), una cifra incluso superior a la que se registraba el 30 de noviembre del pasado año, momento en el que, por primera vez, se bajó de la barrera psicológica de los 30.000 solicitantes sin prestación.
A lo largo del año, sin embargo, la conselleria no ha conseguido mantener la tendencia registrada el pasado ejercicio y apenas ha conseguido reducirla a unas 28.000 personas, cantidad que se ha visto incrementada durante estos dos últimos meses.
El aluvión de nuevas solicitudes tiene parte de culpa de que los técnicos no hayan podido mantener el ritmo del pasado año, ya que éstas han multiplicado prácticamente por cuatro las registradas en todo 2016. Sin embargo, no es el único motivo, puesto que el ritmo de concesión de ayudas y, por tanto, el aumento del número de beneficiarios tampoco ha sido el mismo y ha experimentado una notable desaceleración. En concreto, entre el 1 de enero y el 2 de octubre de este año, la Comunitat contabiliza 4.784 nuevos dependientes con algún tipo de prestación (la gran mayoría con ayudas económicas para cuidadores en el ámbito familiar) mientras que entre el 26 de enero y el 30 de septiembre del pasado año (el periodo más similar de los datos ofrecidos por la conselleria) el aumento fue de 7.104 personas. Además, mientras que en los diez primeros meses de 2016, de media, la cantidad de beneficiarios aumentaba en cerca de 800 al mes, en el mismo periodo de este año es de algo más de 500, por lo que, a tenor de estos datos, el ritmo de crecimiento de nuevos dependientes de ayuda es visiblemente inferior.
Todo ello se traduce en las listas de espera. Por ejemplo, entre enero y octubre de 2016 la lista de espera cayó en más de 11.000 personas, mientras que en los diez primeros meses de este año prácticamente se mantiene inamovible. De hecho, el descenso registrado entre junio y agosto ha desaparecido con este último repunte.
Un recurso interpuesto en la Abogacía del Estado en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia, admitido a trámite, ha enturbiado las relaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. La petición propone incluso la suspensión cautelar de la contratación de unas 60 personas para reforzar los servicios de Bienestar Social dedicados a valoraciones de peticiones de ayuda para la dependencia.
Los concejales de Personal y Bienestar Social del cap i casal, Sergi Campillo y Consol Castillo, denunciaron lo que consideran un intento del Gobierno de torpedear el trabajo para reducir las listas de espera, mientras que fuentes de la Delegación señalaron que «no se está en contra de la creación de plazas pero el Ayuntamiento ha cometido una irregular administrativa».
La cuestión es que estas contrataciones derivan de una delegación de competencias de la Generalitat, que de este modo pretende aliviar el colapso de peticiones sin resolver. El Consistorio recibirá 3,1 millones de euros por este trabajo, que en números redondos se centrará en 30.000 valoraciones pendientes en la ciudad.
La Abogacía del Estado entiende que «se ha podido incurrir en un fraude de ley al no dotar presupuestariamente las plazas con el importe de las mismas», indicaron desde la Delegación del Gobierno, mientras que los dos ediles señalaron que se trata de un «recurso maligno, de la vergüenza. Vamos a seguir con nuestra hoja de ruta para defender a los vecinos de esta ciudad que sufren una situación muy complicada. Para la Delegación, el gobierno tripartito «propone la dotación inicial de un euro cuando la Intervención Municipal cuantifica el coste anual en 3,2 millones».
En la contestación al recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, el Consistorio indica que el momento administrativo para incluir el presupuesto no era el que ha sido objeto de impugnación por parte del Gobierno. Campillo dijo que ya se han creado dos bolsas de trabajo, una para educadores sociales y otra para trabajadores sociales, que seguirán adelante hasta que el juzgado decida. En Valencia hay 11.000 personas que reciben las ayudas de la dependencia, en su mayor parte mujeres de avanzada edad, como destacó Castillo, al precisar que se «está perjudicando a personas que podría no llegar a las ayudas».
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