Listas de espera de más de un año lastran la atención a niños con problemas de desarrollo

valenciA. «La demora en la asignación de plaza en un centro de Atención Temprana (CAT) puede provocar efectos negativos, y en algunos casos irreversibles, en el desarrollo del menor y en la estabilidad y mejora de su situación de discapacidad». Así de claro se muestra el Síndic de Greuges a la hora de valorar las listas de espera -de casi 500 niños- que sufren estos recursos destinados para pequeños con problemas de desarrollo (buena parte con Trastorno del Espectro Autista), y las largas esperas -de hasta 15 meses en Castellón- a las que se somete a las familias en una etapa vital para la asistencia de los menores.

Y ante ello, el defensor del pueblo valenciano insta a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a adoptar «las medidas necesarias (organizativas, presupuestarias, de personal, procedimentales) para la urgente eliminación de las listas de espera, garantizando el acceso urgente a los CAT de los niños cuya situación así lo requiera».

En concreto, un informe elaborado por el Síndic recoge información proporcionada por el propio departamento. Concreta que, a comienzos de ejercicio, 479 menores de cuatro años (excepcionalmente, alguno de cinco o seis) estaban en lista de espera para contar con una plaza en un CAT, cifra que según fuentes de la plataforma Defensa TEA se mantiene en la actualidad. Por su parte, los tiempos de espera dependen de cada dirección territorial. En Valencia faltaban por atender solicitudes presentadas en febrero de 2018, mientras que en Castellón se remontaban a octubre de 2017.

Ante esta situación, Igualdad ha venido aumentando el número de plazas (hasta las cerca de 3.000 previstas para este año, el doble que en 2015), que no han sido suficientes para atender la creciente demanda después de que la Conselleria de Sanidad cambiara el protocolo y la atención pasase de este departamento al liderado por Mónica Oltra.

Igualdad, hace unas semanas, también planteó un cambio en el sistema con dos polémicos aspectos que indignaron a los trabajadores: que cada plaza atienda a dos menores, por lo que habría que repartir el tiempo y, por tanto, la asistencia; y que el abono del servicio se abone por sesión no por plaza, cuestiones que derivaron en protestas a las puertas del Palau de la Generalitat. A raíz de ahí, desde la conselleria se ofreció consensuar con las plantillas la nueva regulación de los centros de Atención Temprana, por lo que esta semana los empleados deben ultimar sus aportaciones y conformar junto con Igualdad un nuevo modelo que satisfaga las necesidades de los usuarios y de los trabajadores.

Elena Bastidas, portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, se mostró muy crítica con la situación que atraviesa el sector. «Para mantenerse en el poder multiplican cargos y pagan las nóminas que hagan falta, pero para contratar más personal y dar una mejor atención a las personas vulnerables dicen no tener recursos», dijo.

«Este Consell es una estafa, prefiere pagar asesores que la dependencia o la atención temprana», denunció. En esta línea, agregó que el Síndic «ha puesto en jaque la gestión de Mónica Oltra al asegurar de forma preocupante que los centros de Atención Temprana no pueden garantizar la atención integral a los menores y a sus familias, a la que quedan obligados por la normativa vigente. Sabiendo estos graves antecedentes, el presidente Ximo Puig le sigue dando a Oltra la cartera social, demostrando que los menores no caben en su Consell».