«La Lomloe va a acabar con la libertad de elegir centro»

El tratamiento de la enseñanza concertada en la Lomloe está siendo muy cuestionado por el sector. Más allá de los representantes de centros y de federaciones de padres, las familias de a pie empiezan a dejarse notar en las acciones de protesta, ya sea pintando lazos en los colegios, mandando emails a los diputados que negociaron el articulado o difundiendo información en redes. LAS PROVINCIAS ha querido juntar a tres familias concienciadas para recoger sus reflexiones y debatir sobre algunos «estereotipos» que rodean a este modelo de enseñanza.

José María Soriano es padre de tres hijos que estudian en San José de Calasanz-Escolapios. «La educación se ha de basar en tres pilares: libertad, pluralidad y equidad. La pluralidad en educación contribuye a la pluralidad de pensamiento y eso hace que tengamos una democracia arraigada y madura», explica. «Si la ley acaba con esta pluralidad ya no somos los padres los que podemos elegir centro y el Estado asume un gran poder. Con el cambio en el artículo 109 (el que suprime el concepto de demanda social) se pasa a exaltar sólo lo público, una educación teledirigida por el Estado que ya no podrá ser plural», señala.

También insiste en la idea de equidad. «Gracias a la financiación del Estado cualquier economía familiar puede tener acceso a un colegio que, de lo contrario, sería privado. Si la quitamos, con esta misma idea, muchos partidos, sindicatos o asociaciones, que son privadas pero financiadas con dinero público, no podrían existir. Y perderíamos pluralidad», argumenta.

«Se habla de que la educación concertada o la diferenciada es elitista, pero es incierto; sólo hay que darse una vuelta por los centros para ver familias de todo tipo. Con la ley sí que se van a generar centros elitistas al retirar conciertos. Muchos padres ya no podrán permitírselos», defiende Paula Torres, madre de nueve hijos escolarizados en el Guadalaviar y el Vedat. Dos ya han dado el paso a la universidad.

Lógicamente defiende esta opción pedagógica a la que la Lomloe retira los fondos públicos. «En el colegio tenemos casos de familias que de cara al curso que viene tienen otra hija para entrar y no podrá, sólo porque a la administración no le gusta este modelo. Se va a tener que educar de manera distinta a sus hermanas, por lo que se quita la libertad a los padres», añade.

«Es un ataque a los derechos fundamentales a la hora de elegir un modelo, no sólo a la escuela concertada», dice Alberto Bayona, que junto a Rosa Ortuño conforman una familia de siete miembros: tres de sus hijos se forman en Escolapios de la calle Carniceros y los otros dos en el Ceip San Fernando. «Elegidos en base a nuestra libertad», explica. «La concertada tiene algo diferencial, un ideario, que es lo que motiva a elegir un colegio u otro. Existe una pluralidad que esta ley nos va a quitar», dice.

«Es un error limitar la gran riqueza que tenemos hoy», sostiene su pareja. «La escuela da muchos servicios, es más que dejar a tus hijos para que reciban unos contenidos. Por eso la miramos minuciosamente a la hora de elegirla, incluida la pública. Nosotros estamos contentísimos con nuestros colegios», añade Rosa, que se revuelve cuando se habla del elitismo de la concertada. «Lo representativo es la gente normal», defiende, antes de lamentar que falta concienciación entre muchas familias y docentes sobre las consecuencias de la ley.

«La gente está preocupada por los efectos de la pandemia. Algo tan básico como una ley educativa debía haberse impulsado en otro momento», aporta Paula.

Los cuatro coinciden en rechazar la acusación de las cuotas obligatorias. «Se puede pedir ayuda voluntaria para determinadas inversiones que de lo contrario no se podrían hacer, pero nunca forzados», dice Alberto. «Si mejorara la financiación, más importante que una nueva ley, no habría aportaciones», tercia Paula, mientras que José María recuerda que el concierto «no cubre algunas cuestiones básicas».