López Ebri, teniente fiscal del TSJ, galardonado por su trayectoria en defensa de los discapacitados

El Foro Justicia y Discapacidad, creado por el Consejo General del Poder Judicial y presidido por el vocal Juan Manuel Fernández, ha decidido otorgar sus XV premios anuales al teniente fiscal de la Comunitat Valenciana, Gonzalo López Ebri; al periodista Juan Antonio Ledesma; a la fundación AMAI TLP y a la empresa Soltra.

Los galardones, que se entregarán el próximo 19 de mayo, son un reconocimiento a la contribución de todos los premiados, cada uno desde su ámbito profesional, a la mejora de la vida de las personas con discapacidad, a la defensa del ejercicio pleno de sus derechos y a la erradicación de cualquier tipo de discriminación y barreras.

Ebri, uno de los fiscales con mayor reconocimiento por parte de sus compañeros de Valencia, recibirá el galardón en la categoría de «trayectoria profesional» por su labor como fiscal coordinador del orden civil y de protección de las personas con discapacidad.

En el ejercicio de esa responsabilidad y con el fin de controlar el ejercicio de las tutelas y la actuación de los guardadores de hecho, López Ebri ha impulsado numerosas iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, un plan de inspecciones en residencias y pisos tutelados para ancianos y personas con discapacidad gracias al que afloraron abusos e irregularidades.

También elaboró un oficio que se dirigió a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito con el fin de mejorar y dar mayor eficacia a la protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

Junto al desarrollo de labores docentes en el seno de la Carrera Fiscal y a su participación en la redacción de obras científicas y en numerosos cursos y jornadas, al trabajo desarrollado por López Ebri se debe la eliminación en la reforma del Código Penal de 2015 de la excusa absolutoria en relación con los delitos patrimoniales cometidos entre familiares cuando existe abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Se trata de una medida capital. La ausencia de responsabilidad penal en este tipo de delitos dejaba desprotegidas a muchas personas con discapacidad o edad avanzada, que sufrían quebrantos patrimoniales y económicos por parte de su entorno familiar.

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