Dos mil maltratadores incumplen cada año la orden de alejamiento sobre las víctimas

Llamadas telefónicas, mensajes de súplica o amenazantes, visitas al patio o lugares de trabajo, peligrosas reconciliaciones, merodeos en coche... Los quebrantamientos de medidas cautelares como el que la joven víctima de Elda denunció antes de morir asesinada están a la orden del día. Y lo peor, van en aumento. El año pasado se contabilizaron en la Comunitat 1.593 desobediencias de estas cautelas, la mayoría alejamientos, para que los sospechosos dejen en paz a las víctimas, según el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ).

Incluso ya con una sentencia firme sobre sus espaldas, casi todas acompañadas de órdenes de alejamiento, la desobediencia entre agresores persiste. En la Comunitat, y de acuerdo con las mismas fuentes, fueron más de un millar los que se saltaron sus penas por casos violencia de género el año pasado.

El asesino de Elda lo hizo en dos ocasiones: la primera cuando propició contactos telefónicos con la víctima a través de terceras personas y, la segunda y definitiva, al aproximarse el miércoles a la joven, ya pistola en mano, para quitarle la vida mientras Jéssyca recogía a su hijo del colegio. Imanol C. S. había quedado en libertad un día antes y no el mismo día del crimen, como indicaron erróneamente fuentes policiales. Durante este año, el CGPJ cifra en 1.086 los casos de quebrantamiento de medidas detectados por la justicia en la región.

Lanzamos la pregunta clave a María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género del Poder Judicial. ¿Ha habido fallos en el caso de Elda? «Todos los asesinatos son fallos del sistema», reconoce. «No nos podemos permitir que si una mujer ha dado el paso de denunciar muera asesinada y debemos buscar soluciones».

En los últimos meses, alerta la experta judicial, «están creciendo en toda España los incumplimientos de medidas de protección sobre las víctimas, tanto en instrucción como después de la condena». Desobedecer un alejamiento o incomunicación se concibe como un delito más de violencia de género que supone ya casi un 8% de cuantos denuncian las mujeres.

Para Carmona, «el solo hecho de que un hombre se salte una medida cautelar muestra su rechazo a la autoridad judicial. Entiendo la indignación en el pueblo de Jéssyca, pues estamos todos sobrecogidos y con impotencia».

En Monforte del Cid, ni la alcaldesa ni los allegados a Jessy comprendían por qué estaba en la calle el hombre que ya fue condenado por lesionarla y ahora iba a ser juzgado de nuevo por amenazarla. En contra de la creencia popular, los jueces no siempre tienen la capacidad legal de encarcelar. «Podemos aumentar las distancias o adoptar otras medidas adicionales de oficio, pero la prisión la tiene que pedir el fiscal o la víctima». Según Carmona, «el juez no tiene una bola de cristal ni capacidad absoluta de valorar el riesgo de un sujeto y sería interesante una valoración forense de los sospechosos en estas situaciones que, por desgracia, no se implementa en todo el territorio nacional».

Susana Gisbert, fiscal de violencia doméstica en Valencia, lo explica así: «Es frecuente que las desobediencias de los alejamientos se salden sin prisión». El encarcelamiento llega cuando, además de la aproximación o llamada, se generan «nuevas amenazas o lesiones, se detecta un peligro tangible para la víctima o hay antecedentes penales. Influyen muchos factores y depende de cada caso».

Pese a todo, Carmona admite que las cosas deben cambiar. Propone más pulseras de seguimiento en poblaciones pequeñas, pues el 72% de los crímenes se producen en núcleos reducidos «donde las víctimas son más vulnerables». También aboga por la libertad vigilada como medida cautelar ante quebrantamientos. «Aunque el maltratador quede libre, que sea con un policía sobre sus pasos. Hoy este sistema sólo se implanta tras la condena, pero no en instrucción, cuando el riesgo es muy elevado», razona. En suma, «endurecer las consecuencias del quebrantamiento». Entiende que debería ser «obligatorio» agravar las medidas más allá del mero alejamiento o incomunicación «al margen de la posición de fiscal o víctima». En definitiva, «que el agresor sienta de verdad que a la primera que desobedezca su situación va a ser más difícil».

«No pueden volver a ocurrir errores como los que se han producido en este asesinato», llegó a afirmar ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «En la cadena, algo falló». Lo mismo opina la vicepresidenta Mónica Oltra: «Cuando una mujer ha denunciado los poderes públicos debemos ser capaces de protegerla. Algo ha fallado».