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El pleno del Consell aprobó el pasado viernes el decreto de tasas universitarias que incluye la prometida rebaja del 8% respecto al curso anterior y del 15% en relación al 2016-2017. Se ha tardado media legislatura en cumplir el compromiso electoral, pero se ha llegado a buen puerto. No se puede decir lo mismo de otras medidas anunciadas en el ámbito universitario que siguen en el cajón de los asuntos pendientes.
Por ejemplo, el mandato actual terminará sin que se haya aplicado el mapa de títulos previsto en 2016 para evitar exceso de oferta en determinados sectores profesionales, como el de la enseñanza o el sanitario, mientras que la prometida remodelación del sistema de financiación de los centros no sólo no se ha cerrado, sino que se ha conseguido enfadar a los rectores porque ni siquiera los presupuestos universitarios han incluido gestos en este sentido, más allá de los aumentos que llegaron por imperativo legal, como la subida salarial del funcionariado o de parte de la carrera profesional del PAS.
En cuanto a funciones ordinarias, la Conselleria de Educación tiene encima de la mesa asuntos calientes: desde la aprobación de la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante, rechazada por el resto de centros, valencianos y españoles, hasta Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para la Cardenal Herrera en Castellón, título que también quiere la UJI.
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